Éxito Noticias, 21 de enero 2026.- El exejecutivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Juan José Lara Arias, brindó declaraciones en entrevista con radio Éxito para aclarar la denuncia de abuso sexual que enfrentó en agosto de 2025 y que, según él, fue presentada de manera falsa por la madre de su hija, Deyanira Flores. Lara aseguró que tras varios meses de investigación, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió una resolución de absolución ratificatoria, confirmando que el hecho nunca existió.
El caso se inició el 23 de agosto de 2025, cuando Flores denunció que su hija menor había sido agredida sexualmente por su padre. Lara relató que, a partir de esa acusación y un informe psicológico que calificó como manipulado, fue aprehendido de manera inmediata, sin que se respetara su presunción de inocencia. “La Ley 348 establece el principio de veracidad de la víctima, lo que en la práctica significa que basta una denuncia y un informe psicológico para que el acusado sea privado de libertad”, señaló.
Durante el proceso, Lara permaneció cerca de cuatro meses en detención preventiva, mientras su hija fue enviada a un albergue transitorio. Posteriormente, en una audiencia en cámara Gesell, la menor negó haber sufrido agresión sexual, lo que permitió desvirtuar el informe inicial. Además, el exejecutivo presentó grabaciones de cámaras de seguridad que demostraban que no se encontraba en su domicilio el día del supuesto hecho. Paralelamente, las autoridades constataron que la madre ejercía violencia física y psicológica contra la niña, motivo por el cual actualmente guarda detención preventiva en el penal de Obrajes.
Lara denunció que la situación fue aprovechada para desprestigiarlo públicamente debido a su condición de dirigente universitario y activista social. También acusó a la madre de sus hijas de haber vaciado sus cuentas bancarias durante el tiempo que estuvo detenido, y anunció que iniciará procesos legales contra ella y su abogada por denuncia falsa, violencia familiar y hurto, además de solicitar la tutela de sus dos hijas, quienes actualmente se encuentran bajo el cuidado de familiares.
Finalmente, el exejecutivo de Derecho cuestionó la proporcionalidad de las sanciones establecidas en la Ley 348, que prevé hasta 30 años de cárcel para un hombre acusado de feminicidio o abuso, mientras que una denuncia falsa puede ser castigada con apenas uno a tres años de prisión. “He vivido en carne propia cómo una denuncia falsa destruye familias y carreras. Espero que la Asamblea Legislativa considere una modificación de esta norma para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso”, concluyó.
