Éxito Noticias, 15 de noviembre 2025.- El Primer Diálogo por la Reforma Judicial cerró este viernes con una demanda central: la suspensión inmediata de todos los magistrados autoprorrogados, propuesta que recibió consenso absoluto en la mesa dedicada al análisis normativo. Esta conclusión se suma a un paquete de reformas que los participantes consideran indispensables para transformar un sistema judicial que califican como “agotado e insostenible”.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, informó que las cuatro mesas temáticas —Normativa, Presupuesto, Modernización Tecnológica y Carrera Judicial— coincidieron en la urgencia de reformas profundas que incluyan nuevas leyes, recursos suficientes y una reestructuración tecnológica integral.
Saucedo remarcó que la crisis judicial exige incluso modificaciones a la Constitución Política del Estado, aunque reconoció que se trata de un proceso de largo aliento. Aun así, afirmó que solo una reforma constitucional y una nueva Ley del Órgano Judicial permitirán construir una justicia independiente y con presupuesto adecuado.
Entre las propuestas más destacadas del encuentro se encuentran:
Reformas normativas clave
Creación de un Procedimiento Agroambiental.
Revisión completa de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Actualización del Código Civil.
Implementación de un Código Único del Sistema Penal, como parte de una reforma penal integral.
Ajustes en normas laborales y sociales para dotar de mayor celeridad y especialidad a los procesos.
La Mesa de Presupuesto planteó que el Órgano Judicial reciba un mínimo del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN), cifra que deberá ser definida por ley. También se propuso la asignación de recursos adicionales para la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), una deuda histórica que —según Saucedo— impide a esta jurisdicción ejercer sus funciones en igualdad de condiciones.
Se alertó que actualmente existen más de 50 sistemas informáticos dispersos, lo que obstaculiza la labor judicial. Por ello, se pidió crear una unidad nacional especializada en justicia digital y avanzar hacia la unificación tecnológica. Además, se sugirió adoptar normas ISO para certificar la calidad de los procesos jurisdiccionales.
La cuarta mesa propuso una Ley de Carrera Judicial Vertical, que permita ascensos basados en méritos: de secretarios a jueces, de jueces a vocales y de vocales a magistrados. Se pidió también mejorar los mecanismos de ingreso mediante convocatorias ordinarias y extraordinarias con evaluaciones estrictas y transparentes.
La evaluación del desempeño deberá estar regulada por ley para definir criterios claros y permanentes, mientras que el escalafón judicial deberá fortalecerse bajo parámetros de antigüedad, capacitación y resultados.
Durante la clausura, se informó que la magistrada del Tribunal Constitucional, Amalia Laura Vilca, presentó un proyecto de ley destinado a establecer el Régimen Transitorio del Tribunal Constitucional Plurinacional, documento que será remitido a la Asamblea Legislativa.
El encuentro concluyó marcando una ruta común: sin reformas estructurales, sin presupuesto y sin modernización, no habrá transformación real de la justicia en Bolivia.
