“Los cuatro órganos del Estado terminaron con los pesos y contrapesos: Legislativo, Judicial y ahora el Órgano Electoral evidencian su servilismo ciego al Ejecutivo”
Por Marianela Paco Durán
Desde el Constitucionalismo Plurinacional Comunitario Intercultural
El primer día del cuarto mes de 2026, La Paz amaneció con el sabor amargo de la traición. Mientras el Tribunal Supremo Electoral anunciaba que no habría segunda vuelta y que Luis Revilla era proclamado Gobernador, el corazón de nuestra democracia recibía una nueva puñalada de carácter colonial y patriarcal. Lo que hemos presenciado no es solo una irregularidad administrativa: es el retorno del coloniaje político, la restauración de un sistema patriarcal y neoliberal que asume que los votos de los pueblos indígena originarios campesinos se compran con cheques y se silencian desde escritorios, mediante la instrumentalización de las instituciones del Estado.
Desde esta trinchera sostenemos que el poder no es un botín a ser repartido entre “señoritos” de ciudad. Sin embargo, las estructuras del viejo Estado republicano parecen reactivarse en estas maniobras politiqueras. Cuando se pacta en oficinas oscuras para cancelar un balotaje, se envía un mensaje claro: el voto de la mujer de pollera, de la juventud alteña y del comunario de las provincias vale menos que un acuerdo de cúpulas. El pueblo paceño no es ingenuo. Sabemos que la Constitución Política del Estado está siendo vulnerada en su esencia.
El maquillaje jurídico de un despojo. Según el Tribunal Supremo Electoral, no hay segunda vuelta porque el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) “declinó” la candidatura de René Yahuasi. Sin embargo, los exvocales Antonio Costas y Dina Chuquimia han sido categóricos: un partido político no tiene facultad de retirar una candidatura que ya precluyó en la etapa final del proceso. En este caso, prima el derecho del candidato que accedió legítimamente al balotaje con más del 9% de los votos.
Este hecho evidencia la tensión entre democracia formal y democracia material. Desde el Constitucionalismo Plurinacional Comunitario, la legitimidad de origen no se agota en la proclamación formal de una autoridad electa. La Constitución establece que nuestra democracia es participativa, representativa y comunitaria. Sin embargo, cuando los procesos electorales son condicionados por acuerdos previos, exclusión de candidaturas, manipulación de narrativas o uso desigual de recursos, lo que se configura no es una competencia libre, sino una simulación de democracia.
En ese marco, la proclamación de Revilla debe analizarse a la luz de posibles distorsiones del principio de soberanía popular. Si existieron maniobras para direccionar el resultado —mediante inhabilitaciones selectivas, judicialización de adversarios o pactos entre élites— estamos frente a un quiebre del orden constitucional, no necesariamente visible, pero profundamente efectivo.
La Constitución Política del Estado de 2009 es clara. La democracia intercultural (artículo 11) articula la democracia representativa con la participativa, directa y comunitaria. Al forzar la cancelación de la segunda vuelta mediante una declinación estratégica, se vulnera la soberanía popular (artículo 7) y se afecta el derecho político a elegir y ser elegido (artículo 26).
Yahuasi denunció que se le pidió el 71% de la administración de la Gobernación. Es la lógica del capital, del “sálvese quien pueda” y del cuoteo mafioso que tanto se ha criticado. El Tribunal Supremo Electoral, en lugar de proteger la voluntad popular, ha actuado como notario de una negociación de baja política.
La Ley 026 del Régimen Electoral y la Constitución establecen condiciones claras para la segunda vuelta: si ninguna candidatura alcanza el 50%, o el 40% con diez puntos de diferencia, corresponde ir a balotaje. Revilla apenas bordeó el 20%. ¿Cómo se sostiene entonces su proclamación directa? A través del artilugio jurídico de la “declinatoria”, utilizado para impedir que René Yahuasi —candidato de origen indígena con fuerte arraigo territorial— dispute el voto popular en las urnas.
Colonialidad del poder y reproducción de élites. Desde un enfoque decolonial, este episodio revela la persistencia de una matriz de poder que privilegia élites urbanas, masculinas y mestizas, en detrimento de la diversidad política y social del departamento. No se trata de percepciones: es la expresión concreta del racismo estructural.
La figura de Luis Revilla no es neutra. Representa la continuidad de formas de gobierno históricamente cuestionadas por sectores populares e indígenas. Es el rostro de una derecha urbana, “orgullosamente paceña” de la zona sur, que ha gobernado invisibilizando a las naciones originarias y que fue parte —directa o indirectamente— de la ruptura democrática de 2019.
Mientras Yahuasi construía su campaña recorriendo las veinte provincias, dialogando con comunidades y juntas vecinales, Revilla sostenía reuniones en espacios de poder como la Casa Grande del Pueblo y el Palacio Quemado. La diputada Lissa Claros lo expresó sin ambigüedades: “Segurísima que ha habido cheques con varios ceros”.
Esto es despojo colonial. En lugar de respetar la segunda vuelta como un mecanismo de profundización democrática e intercultural —donde el mundo aymara y el urbano dialogan—, se impone una decisión vertical desde las élites. El temor no es a una candidatura débil, sino a la fuerza social que representa Yahuasi y al potencial transformador del voto campesino.
Despatriarcalización: el silencio forzado de las bases. Estas maniobras constituyen una expresión nítida del patriarcado político. No solo son antidemocráticas, sino profundamente violentas: responden a una lógica masculina, vertical y excluyente, donde acuerdos entre élites determinan el destino de las mayorías.
Los “cheques con varios ceros” aluden a una práctica estructural: la mercantilización de la política. Se decide por los pueblos sin consultarles, desconociendo sus procesos organizativos y su autonomía.
Esto obliga a preguntarnos quiénes quedan fuera. ¿Qué candidaturas fueron desplazadas? ¿Qué voces fueron silenciadas? A pesar de los avances normativos en paridad, el sistema político sigue operando bajo lógicas patriarcales que restringen el acceso real de mujeres —especialmente indígenas— al poder.
La democracia intercultural no es un símbolo decorativo. Es el respeto efectivo a procedimientos, tiempos y derechos colectivos. Al aceptar la declinatoria, el órgano electoral envía un mensaje preocupante: que la voluntad de los pueblos puede ser sustituida por decisiones de élite.
Diversas organizaciones sociales del departamento ya han rechazado estos hechos y anuncian movilizaciones en defensa de sus derechos políticos.
- Responsabilidades en evidencia. Este escenario no puede quedar en la impunidad discursiva. Existen responsabilidades institucionales que deben ser investigadas y sancionadas.
- Responsabilidad administrativa disciplinaria. Vocales electorales que admitieron una declinación contraria a principios de legalidad y razonabilidad podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes.
- Responsabilidad penal por delitos electorales. Si la declinación responde a prebendas o beneficios económicos, se configura un delito grave que afecta el ejercicio de derechos políticos.
- Prevaricato e inconstitucionalidad. Autoridades que emitieron resoluciones contrarias a la Constitución podrían enfrentar responsabilidades judiciales.
- Responsabilidad ética y política. Estas actuaciones vulneran principios constitucionales y el mandato de servicio al pueblo.
- Registro histórico del pacto antidemocrático. La memoria colectiva debe consignar este episodio como un retroceso en las conquistas democráticas.
Consecuencias para la democracia
Primera: una crisis de legitimidad profunda. Un gobernador proclamado sin balotaje, en estas condiciones, carece de autoridad moral.
Segunda: un retroceso decolonial. Se reinstala la lógica de la democracia pactada de las élites.
Tercera: violencia política institucional. Al ignorar denuncias de presión y chantaje, se normalizan prácticas que la normativa vigente busca erradicar.
Lo ocurrido en La Paz no es un hecho aislado. Es la expresión de una crisis estructural en la democracia boliviana, donde conviven un proyecto constitucional descolonizador con prácticas políticas que reproducen exclusión y dominación.
La proclamación de Luis Revilla, bajo estas condiciones, interpela a toda la estructura estatal. No basta con aceptar resultados: es imprescindible garantizar procesos legítimos. De lo contrario, la democracia se vacía de contenido.
La pregunta de fondo sigue vigente: no es quién gobierna La Paz, sino bajo qué reglas, para quiénes y con qué legitimidad.
¡La democracia intercultural se defiende, no se transa!
