Éxito Noticias, 18 de noviembre 2025.- El sector de comercializadores de carne de pollo se declaró en estado de emergencia ante el sostenido aumento del precio del kilo, que actualmente se comercializa entre 24 y 26 bolivianos al mayor, según indicó Miguel Rivero, representante de los vendedores al detalle.
Según el dirigente, el alza, que supera los niveles habituales de rentabilidad para los minoristas, ha reducido las ventas en más del 50% y genera preocupación sobre el abastecimiento del producto en el país.
Rivero señaló que los elevados costos provienen principalmente de los granjeros e intermediarios, quienes a su criterio “están haciendo al parecer su gusto” debido a la falta de control efectivo por parte del Gobierno. “Recibimos el producto entre 24 y 24,50 bolivianos al por mayor, y lo vendemos a 26. Ya no hay margen de ganancia, y algunos compañeros han tenido que cerrar sus tiendas”, explicó.
El representante del sector atribuye la especulación a diversos factores, como el incremento del dólar, los problemas en el abastecimiento de diésel y las recientes afectaciones en carreteras, que han dificultado el transporte de la carne hacia los mercados, pero debido a la regularización del abastecimiento y la baja del dólar, éste no sería argumento. Sin embargo, destacó que la situación requiere la intervención directa de las autoridades competentes, incluyendo la pronta designación de un viceministro de Defensa del Consumidor.
Rivero denunció además la exportación de pollo de primera necesidad mientras los comercializadores locales reciben producto de menor calidad. “Antes no veíamos problemas con las hojas o la presentación, ahora llega carne de segunda, ¿cómo vamos a vender eso a la población?”, cuestionó, subrayando la necesidad de priorizar el abastecimiento interno antes de permitir exportaciones.
El estado de emergencia del sector también contempla posibles medidas prácticas y resolutivos de la federación FEDECAR, a la que están afiliados los comercializadores, si el gobierno no actúa con prontitud para regular los precios y garantizar el abastecimiento. Rivero alertó que la demora en la acción oficial genera un riesgo de descontrol en el mercado y un impacto directo en los consumidores.
El representante solicitó al Ejecutivo un control riguroso sobre la cadena de distribución, el establecimiento de precios justos y la activación inmediata de los mecanismos de regulación que correspondan, con el objetivo de proteger a la población boliviana y evitar que la especulación afecte productos de primera necesidad.
