Éxito Noticias, 24 de febrero 2026.- La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia permanente y emitió duras críticas contra el Gobierno, expresando preocupación por la política de endeudamiento externo, el tratamiento de créditos internacionales y la eventual aprobación de normativas que, según la organización, afectarían derechos laborales y la protesta social.
El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, manifestó que el escenario económico del país “debe preocupar a toda la población”, señalando que no existiría información clara sobre el destino ni las condiciones de los créditos gestionados por el Ejecutivo.
Argollo sostuvo que, de acuerdo con datos manejados por el ente matriz, la deuda externa alcanzaría los 14.131 millones de dólares, mientras que la nueva deuda proyectada rondaría los 15.600 millones. Bajo ese cálculo, afirmó que al finalizar la gestión gubernamental el país podría llegar a un endeudamiento cercano a los 30.000 millones de dólares.
“Se tiene que aclarar oportunamente bajo qué condiciones están viniendo esos créditos y a qué sectores van a favorecer. El endeudamiento no es el camino para salir de la crisis; tenemos que producir más como país”, declaró.
El dirigente también expresó inquietud por las posibles exigencias de organismos financieros internacionales, mencionando entidades como la CAF, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, cuestionó qué medidas de ajuste podrían estar comprometidas por el Estado.
Asimismo, la COB advirtió además sobre la falta de fuentes de empleo y el impacto que, según Argollo, tendría el incremento de la deuda en las futuras generaciones. “Cada boliviano estaría absorbiendo alrededor de 4.000 dólares en deuda. Nuestros hijos y nietos van a pagar esas obligaciones”, afirmó.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo categórico a la denominada ley “antibloqueos”. Argollo indicó que la COB no participará en procesos de socialización ni negociación de dicha propuesta legislativa. “No vamos a negociar ni asistir a ninguna convocatoria vinculada a una ley que pretenda penalizar o acallar la protesta popular”, enfatizó.
Asimismo, expresó oposición a cualquier intento de “modernización” o modificación de la Ley General del Trabajo, advirtiendo que los trabajadores no permitirán cambios que vulneren conquistas históricas del sector. Durante su intervención, Argollo también rechazó versiones que vincularían movilizaciones pasadas con supuestas directrices externas o influencias desde centros penitenciarios.
“Nuestras determinaciones siempre han sido orgánicas, emanadas de ampliados nacionales y cabildos. La COB no le debe nada a nadie, se debe a sus trabajadores y al pueblo”, remarcó.
De igual forma, el dirigente sindical cuestionó el uso de decretos supremos para la toma de decisiones políticas. Argollo señaló que cualquier medida que afecte atribuciones de autoridades electas o la independencia de poderes “debe ser debatida en la Asamblea Legislativa”. “No se puede gobernar a decretazos. Cuando el pueblo se moviliza, no habrá dirigencia que pueda contener el descontento”, advirtió.
La COB anunció la convocatoria a un ampliado nacional para definir de manera orgánica las acciones que asumirá frente a la coyuntura política y económica del país.
