Éxito Noticias, 17 de marzo 2025.- Como resultado de las intensas gestiones realizadas por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y en coordinación con otros actores aglutinados en el Comité Multisectorial a nivel nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió este lunes una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, considerada confiscatoria por varios sectores de Bolivia.
El presidente de los industriales, Pablo Camacho, señaló que la CNI fue la primera entidad gremial en rechazar y solicitar la anulación de la disposición adicional séptima por considerarla confiscatoria y transgredir el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado. “Los industriales iniciamos un conjunto de acciones intensas en coordinación con varios sectores empresariales y gremiales, así como distintas Cámaras y Federaciones Nacionales aglutinadas en el Comité Multisectorial para lograr que esta norma sea anulada”, indicó.
La decisión del TCP deja en suspenso la aplicación de la ley hasta que se pronuncie con una sentencia y también prohíbe el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la citada norma hasta que el Tribunal dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional.
La disposición adicional séptima, agregó el presidente de los industriales, genera un clima de alta inseguridad jurídica para la inversión privada y la decisión del TCP es un acto de defensa y respeto de los derechos a la actividad económica y propiedad privada de la iniciativa privada consagrados en la CPE.
