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    Claros exige destitución del ministro de Hidrocarburos e intervención a YPFB por presunto sobreprecio en la importación de combustible

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    Éxito Noticias, 10 de febrero 2026.- La diputada Lissa Claros pidió acciones inmediatas frente a lo que calificó como graves irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tras destaparse un presunto sobreprecio en la importación de diésel mediante contratos con la transnacional Trafigura.

    La legisladora exigió al presidente Rodrigo Paz la destitución inmediata del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y del presidente de YPFB, Yussef Akly, al considerar que existen suficientes indicios de daño económico al Estado. Según Claros, el sobreprecio en el suministro de diésel alcanzaría aproximadamente cuatro millones de bolivianos por semana, lo que representaría un incremento cercano al 30% respecto al costo real del combustible.

    Claros sostuvo que esta denuncia se suma a otros casos previos como la comercialización de gasolina de mala calidad, configurando un escenario hechos escandalosos en solo tres meses de gestión gubernamental. En ese marco, advirtió que el daño económico acumulado podría llegar a 50 millones de bolivianos.

    Asimismo, la diputada demandó la intervención inmediata del Ministerio Público, solicitando que la Fiscalía General del Estado actúe de oficio y determine responsabilidades por la firma de adendas contractuales y la importación de diésel sin contratos plenamente formalizados. Anunció que remitirá toda la documentación en su poder para respaldar la denuncia.

    Otro de los pedidos centrales de Claros fue la participación del Viceministerio de Transparencia, al considerar inadmisible que se mantengan contratos con una empresa transnacional que, según afirmó, cuenta con antecedentes y denuncias por presuntos actos de corrupción a nivel internacional.

    De igual forma, la legisladora reclamó que el Gobierno deje de atribuir responsabilidades a gestiones pasadas y asuma decisiones concretas para frenar el presunto sobreprecio, señalando que la población boliviana no puede seguir cargando con el costo de la subvención mientras se registran irregularidades en la importación de combustibles.

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