Éxito Noticias, 25 de marzo 2026.- El paro de 24 horas del transporte público se cumple con fuerza este miércoles en La Paz y El Alto, donde más de un centenar de puntos de bloqueo paralizan la circulación y afectan la movilidad de la población, mientras el sector endurece su postura y condiciona cualquier diálogo a la presencia del presidente del Estado.
Dirigentes de distintas federaciones, como Chuquiago Marka y el Transporte Libre, coincidieron en señalar que ya no reconocen como interlocutores válidos al ministro de Hidrocarburos ni al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a quienes acusan de incumplir acuerdos y no dar solución al problema de la gasolina de presunta mala calidad.
Según los movilizados, la medida se radicaliza debido a la falta de respuestas concretas y a que, aseguran, hasta ahora no han recibido compensaciones por los daños ocasionados a sus vehículos. Incluso, advirtieron que si no existe una convocatoria directa del presidente, el conflicto podría escalar a un paro indefinido e incluso a una movilización de alcance nacional con apoyo de otros departamentos.
Durante la jornada, los bloqueos se instalaron en más de 60 puntos en La Paz y alrededor de 70 en El Alto, además de rutas en provincias, generando un escenario de paralización casi total. Los transportistas también denunciaron un despliegue policial que calificaron como “provocador” y cuestionaron un supuesto trato desigual frente a otras protestas.
En paralelo, desde el Gobierno se sostiene que el proceso de resarcimiento ya está en marcha. El titular de la estatal petrolera informó que se han desembolsado más de un millón y medio de bolivianos a más de mil afectados y que la cifra continuará incrementándose en los próximos días, gracias a la activación de un seguro.
Sin embargo, estas declaraciones fueron rechazadas por la dirigencia del transporte, que las califica de falsas y reitera que los compromisos asumidos no se han cumplido. Además del pago de compensaciones, el sector exige garantizar combustible de calidad y plantea incluso el cierre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al considerar que no cumple con su función de control.
