Éxito Noticias, 15 de enero 2026.- El abogado denunciante del caso Botrading, Kurmi Rocha, cuestionó una serie de irregularidades en la investigación que derivó en la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, al considerar que las actuaciones fiscales y judiciales se realizaron de manera tardía y facilitaron su salida del país.
En contacto con radio Éxito, el letrado explicó, la imputación formal fue presentada a inicios de diciembre, pero la audiencia de medidas cautelares se instaló a más de un mes después, cuando Dorgathen ya no se encontraba en territorio boliviano. Para Rocha, esta demora generó una ventaja indebida que permitió al exejecutivo abandonar el país y, presuntamente, vaciar sus cuentas bancarias antes de que se activen medidas de retención de fondos y anotaciones preventivas de bienes.
El jurista también observó que la defensa de Dorgathen intentó justificar su inasistencia a la audiencia mediante un memorial en el que alegó una supuesta condición de refugiado en Brasil, sin presentar documentación oficial que respalde ese extremo ni constancia de un trámite formal ante instancias competentes. En ese marco, remarcó que las denuncias por delitos de corrupción impiden acceder a esa figura y que los procedimientos para el refugio no son inmediatos.
En relación al daño económico, Rocha detalló que el caso Botrading se investiga en al menos dos fases. La primera estaría vinculada a la firma de una docena de contratos entre YPFB y la empresa Botrading, con un perjuicio estimado en más de 850 millones de dólares. La segunda fase se centra en un presunto préstamo de YPFB a Botrading por 80 millones de dólares, de los cuales solo se habría devuelto una parte, quedando un monto significativo sin aclarar.
El abogado sostuvo que las acciones para inmovilizar bienes y cuentas se ejecutaron cuando ya no existían recursos, lo que refuerza las sospechas de una reacción tardía de las autoridades. Añadió que, además de Dorgathen, al menos otras seis personas estarían siendo incorporadas a la investigación por su presunta participación técnica y jurídica en la firma de los contratos observados, y no descartó que se amplíen las indagaciones a familiares y terceros que podrían haber sido utilizados para ocultar bienes.
Pese a la ausencia del principal investigado, Rocha afirmó que el proceso continuará, ya que se designó un abogado de oficio para garantizar la prosecución de las actuaciones. En los próximos días, se prevé la activación de mecanismos internacionales de búsqueda y la convocatoria a audiencias cautelares de otros imputados, con el objetivo de esclarecer el desfalco y recuperar los recursos económicos que, según el denunciante, ocasionaron un grave daño al Estado.
