Éxito Noticias, 26 de septiembre 2025.- Tras 17 años de fuga, el ex sacerdote Juan José Santana Trinidad fue capturado hoy por Interpol en su domicilio en la ciudad de Salto, Uruguay. Santana está acusado de haber abusado sexualmente de al menos 30 niños quechuas entre 2005 y 2007 en el internado “Monseñor Ángel Gelmí” de Tapacarí, Cochabamba. La detención marca un hito en uno de los casos más graves de pederastia clerical en Bolivia.
El internado albergaba a 72 varones de entre 6 y 17 años. En 2007, una religiosa descubrió los abusos y los testimonios de los niños confirmaron los hechos. La denuncia fue elevada al entonces arzobispo Tito Solari, quien tras una breve investigación de 20 días ofreció una conferencia de prensa sin preguntas, admitiendo que “uno de nuestros sacerdotes ha cometido abusos” y prometiendo apoyo psicológico a las víctimas. Para entonces, Santana ya había huido a Uruguay, donde permaneció oculto en la casa de sus padres.
Los cargos que enfrenta incluyen violación sexual, abuso en estado de inconsciencia y agresión sexual agravada. En 2010, el diario chileno La República lo encontró escondido y Santana admitió: “Son ciertas. Es lo que te puedo decir; sabés una cosa, estoy muerto”. Años después, en entrevistas con periodistas de El Deber y medios uruguayos, evitó hablar del tema, limitándose a decir que estaba “destrozado” y que prefería “no decir nada”.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes ha exigido su extradición inmediata para que enfrente la justicia en Bolivia. Además, denuncian que el modus operandi de Santana se repite en otros internados como los de Pojo, Charagua y Tacata, donde también se han reportado abusos sistemáticos contra menores indígenas. La impunidad y el encubrimiento institucional siguen siendo parte del reclamo de las víctimas.
En 2011, la Iglesia Católica le retiró oficialmente el estado sacerdotal, pero no promovió acciones penales. Hoy, con su captura, se abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia para los sobrevivientes. La extradición está en trámite, y organizaciones de derechos humanos exigen que el Estado boliviano garantice un proceso transparente, reparador y ejemplar.
