Éxito Noticias, 17 de enero 2026.– La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” emitió un voto resolutivo en el que ratifica su defensa irrevocable al derecho a la protesta social y exige el archivo inmediato del proyecto de ley antibloqueos, actualmente en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización se declaró en estado de alerta permanente y advirtió que retomará las movilizaciones si la norma avanza.
Reunidos en asamblea, los campesinos fundamentaron su posición en la Constitución Política del Estado, señalando que la iniciativa legislativa vulnera derechos fundamentales y criminaliza la protesta. El documento aprobado incluye siete resoluciones críticas que cuestionan las políticas del gobierno de Rodrigo Paz y rechazan la intención de sancionar con penas de cárcel a quienes promuevan o participen en bloqueos.
En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo departamental de la Tupac Katari, Vicente Salazar, acompañado de su Comité Ejecutivo, denunció que los diputados y senadores actúan sometidos al Ejecutivo y guardan silencio frente a lo que calificó como un manejo del país “a través de decretos”. “No vamos a permitir que se pisotee la Constitución ni que se encarcele a quienes defienden sus derechos”, afirmó.
La federación campesina recordó que la protesta ha sido históricamente un instrumento legítimo de presión social en Bolivia y que no puede ser tipificada como delito. “La movilización es parte de nuestra lucha y no vamos a renunciar a ella”, señalaron los dirigentes, quienes remarcaron que la organización está preparada para salir nuevamente a las calles si el proyecto de ley no es retirado.
Con esta postura, la Tupac Katari se suma a las voces críticas contra la ley antibloqueos, presentada por el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad, que respalda al oficialismo. La iniciativa plantea sanciones de entre 10 y 20 años de cárcel para quienes organicen, instiguen o financien bloqueos, lo que ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y el orden público en el país.
