Éxito Noticias, 2 de junio 2026.– La tensión en el norte del departamento de Santa Cruz se incrementó este martes luego de que campesinos de cuatro centrales del municipio de Santa Rosa del Sara tomaran el pozo petrolero del campo Humberto Suárez, perteneciente a YPFB. La medida incluye la instalación de una vigilia, el cierre de válvulas y el bloqueo del camino de acceso, lo que ha paralizado las operaciones en la planta.
El comandante departamental de la Policía, David Gómez, confirmó el despliegue de un contingente policial en la zona para resguardar la infraestructura energética y persuadir a los manifestantes a retirarse de manera voluntaria. “Lo que están pidiendo es la renuncia del señor presidente. En tal virtud, nosotros estamos desplegando un contingente policial para poner orden y restituir lo que por derecho corresponde”, declaró.
La toma del pozo petrolero afecta directamente el bombeo regular de hidrocarburos, generando preocupación por el impacto económico que esta acción puede tener en el Estado. “Están obstruyendo el bombeo regular y, obviamente, están afectando la economía de nuestro país”, agregó Gómez, quien no descartó el uso de la fuerza si la persuasión no logra resultados.
En el lugar se reporta la presencia de 33 trabajadores que operan en la planta, cuya seguridad también está siendo resguardada por la Policía. Mientras tanto, los campesinos mantienen firme su exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, intensificando las medidas de presión contra el Gobierno.
La acción de los sectores movilizados se suma a los bloqueos que ya se registran en diferentes puntos del país, aumentando la tensión social y política. En Santa Rosa del Sara, los campesinos aseguran que no levantarán la medida hasta que sus demandas sean escuchadas, lo que mantiene en incertidumbre la continuidad de las operaciones petroleras en la región.
El cierre de válvulas y la toma de la planta de YPFB en Santa Rosa del Sara reflejan la escalada del conflicto, que amenaza con profundizar la crisis energética y económica. Las autoridades policiales y gubernamentales buscan abrir espacios de diálogo para evitar una confrontación, mientras los sectores movilizados insisten en que su lucha continuará hasta lograr cambios políticos en el país.
