Éxito Noticias, 27 de septiembre 2022.- Tras ser posesionado como nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro asumió la conducción de la institución y emitió su primer pronunciamiento sobre el conflicto cocalero.
En conferencia de prensa, la flamante autoridad aseguró que se deben habilitar “espacios de diálogo” entre los sectores cocaleros confrontados.
“El problema de Adepcoca no es solamente político u orgánico, tiene varias aristas, es un problema inclusive económico, y tiene trascendencia de todo nivel. Entonces es importante generar espacios de diálogo, que nos permitan pacificar está situación”.
declaró.
El conflicto entre los cocaleros de los Yungas inició a principios de agosto con la apertura de un mercado paralelo de la coca por parte de Arnold Alanes, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), la dirigencia ‘orgánica’ de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), encabezada por Freddy Mahicado, rechazó el funcionamiento de ese centro de abasto y convocó a movilizaciones que resaltó por los fuertes enfrentamientos con la Policía, con el intercambio de dinamitas y gases lacrimógenos.
Varios intentos de diálogo convocados por el Gobierno no dieron resultado debido a que el sector de Machicado se rehusó a reunirse con Alanes para negociar una solución.
El presidente de Adepcoca y otros dirigentes se encuentran encarcelados desde la semana pasada por la toma y destrucción del mercado paralelo, después de una marcha de cinco días que realizó el sector para pedir que el mercado situado en la zona de Villa Fátima, reconocido ante la Ley, sea el “único” autorizado para la comercialización de la hoja de coca que se produce en los Yungas.
Según Callisaya, existen “avances” para lograr un consenso entre los bloques cocaleros y pacificar la región yungueña. “Vamos a continuar con esa labor”, dijo.
Respecto a las denuncias de vulneración de derechos de los dirigentes cocaleros detenidos, el defensor indicó que las puertas de la institución están abiertas para recibir las acusaciones e iniciar las investigaciones correspondientes.
Actualmente, la organización cocalera exige la liberación de sus dirigentes, mientras que el bloque de Alanes demanda seguridad jurídica para que su centro de abasto funcione sin objeciones.
