Éxito Noticias, 8 de junio 2026.- La investigación por la comercialización de gasolina desestabilizada en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sumó este lunes dos nuevas aprehensiones. El gerente de Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez, y el gerente de Comercialización, Nelson Alejandro Mendoza Torrico, fueron detenidos en La Paz y Santa Cruz respectivamente, en el marco de un proceso que busca establecer responsabilidades por presuntas irregularidades en la distribución de carburantes.
Según el fiscal Aldo Meza, existen indicios de participación de ambos ejecutivos en la instrucción y comercialización de gasolina con componentes nocivos para los motores de vehículos. En el operativo se secuestró documentación vinculada al caso, que será analizada para determinar el alcance de las decisiones tomadas desde las gerencias de la estatal petrolera.
La Fiscalía investiga a los dos funcionarios por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, de acuerdo con las órdenes de aprehensión emitidas. En Santa Cruz, Torrico evitó dar declaraciones a la prensa mientras era escoltado por efectivos policiales, mientras que Mendoza fue trasladado a dependencias policiales en La Paz para prestar su declaración informativa.
Con estas detenciones, ya son tres los ejecutivos de YPFB procesados dentro del caso. El fin de semana, el exgerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Cuéllar Pinto, fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de Palmasola, acusado de haber autorizado la distribución del carburante que afectó a cientos de vehículos en distintas regiones del país.
De acuerdo con la orden de aprehensión, el proceso fue impulsado por la diputada opositora Lissa Claros, de la alianza Libre 21, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Ambas instancias denunciaron que la gasolina distribuida no cumplía con los estándares de calidad y representaba un riesgo para el parque automotor, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y la Policía.
El avance del caso continúa alcanzando a distintas áreas de la petrolera estatal, mientras se busca establecer la cadena de responsabilidades en torno a la gestión y distribución de la gasolina desestabilizada. La investigación apunta a determinar si hubo negligencia administrativa o decisiones deliberadas que permitieron la comercialización del producto defectuoso, generando un escándalo que compromete a la cúpula de YPFB.
