Éxito Noticias, 24 de octubre 2024.- El Tribunal de Sentencia de La Paz determinó la anulación de la acusación formal en el caso Golpe de Estado I, que involucraba al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al excívico de Potosí, Marco Antonio Pumari. La decisión fue tomada por el juez sexto durante la segunda audiencia del juicio oral, centrado en los hechos ocurridos en 2019.
De acuerdo a la defensa del gobernador de Santa Cruz, Martín Camacho, los documentos presentados por la Fiscalía tenían varios defectos procesales y le otorgó un plazo de 24 horas para presentar una nueva imputación.
“El tribunal declaró infundado y defectuosa los incidentes de actividad procesal del gobernador Luis Fernando Camacho y del señor Marco Pumari anulando, por lo tanto, la acusación presentada por el Ministerio Público para que pueda reformular su acusación en todo caso y fundamentarla conforme a procedimiento y conforme a ley”, informó el abogado del gobernador cruceño.
El abogado explicó que en su nueva acusación la Fiscalía deberá reformular su acusación “sin vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa”. El jurista mantiene la postura que tanto Camacho como Pumari no cometieron ningún delito y son inocentes de los delitos por las que se lo acusan.
“Tiene que fundamentar correctamente su acusación y poder demostrar cómo, cuándo y dónde se cometieron los tipos penales que hoy le atribuye al gobernador Luis Fernando Camacho. Vamos a esperar si cumple en el plazo determinado sino en todo caso, nosotros veremos cuáles son las acciones correspondientes, en todo caso, nos mantenemos en el hecho de que no se han cometido ningún tipo de ilícito penal justamente por eso el Ministerio Público en su primera acusación no ha podido demostrarlo”, afirmó.
Comunicó que la audiencia fue reprogramada para el martes 29 de octubre a las 8:45. En esta nueva fecha, Camacho y Pumari deberán ser presentados nuevamente ante el tribunal.
Al momento no hay instrucciones judiciales sobre el traslado de Pumari a Potosí, por lo que permanecerá en el penal de San Pedro.
La denuncia fue presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, a finales de 2020. Se investigó el caso por los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros.