Éxito Noticias, 9 de junio 2026.- La diputada de Alianza Popular (AP), Claudia Herbas, cuestionó de manera frontal la Ley de Regulación de Estados de Excepción promulgada por el presidente Rodrigo Paz, asegurando que la norma es “anticonstitucional y mal elaborada”. Según la legisladora, su aplicación no solo vulnera la Constitución, sino también tratados internacionales suscritos por Bolivia, lo que la convierte en una disposición “incorrecta e inaplicable”.
Herbas respaldó la Acción de Inconstitucionalidad presentada por su bancada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra los artículos 25 y 26 de la ley. Estos artículos, explicó, otorgan presunción de legalidad a las actuaciones de policías y militares durante un estado de excepción, lo que abre la puerta a abusos y violaciones de derechos humanos.
El diputado Rolando Pacheco, también de AP, precisó que la acción busca dejar sin efecto dichos artículos, pues considera que garantizan impunidad a las fuerzas del orden. “El artículo 26 es una carta blanca para matar”, advirtió, señalando que el TCP debe pronunciarse con urgencia.
Por su parte, el artículo 25 establece que el uso de la fuerza por parte de policías y militares será permitido en situaciones excepcionales para neutralizar riesgos graves e inminentes contra la vida, la seguridad de la población o infraestructuras estratégicas. Para los legisladores de AP, esta redacción es ambigua y peligrosa, ya que puede ser utilizada para justificar excesos.
Herbas insistió en que toda la ley es contraria al marco constitucional y a los compromisos internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos. “No podemos permitir que se institucionalice la represión bajo el pretexto de un estado de excepción”, afirmó, subrayando que la bancada seguirá presionando para que el TCP declare la norma inconstitucional.
En contraste, el diputado Alejandro Reyes defendió la legalidad de la norma y consideró que la acción presentada por AP no prosperará. “El TCP tiene la última palabra, pero la ley es legítima y necesaria dada la situación actual del país”, sostuvo. La disputa refleja la tensión política en torno a una norma que, según la oposición, amenaza las garantías democráticas y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
