Éxito Noticias, 18 de diciembre 2025.– La bancada de Alianza Popular (AP) anunció que presentará una acción constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el Decreto Supremo 5503, aprobado por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, que elimina la subvención a los combustibles. El diputado Rolando Pacheco afirmó que esta medida busca defender a la población de lo que consideran un ajuste económico injusto y perjudicial para las familias bolivianas.
Además de la acción constitucional, Alianza Popular informó que presentará un Proyecto de Ley (PL) para abrogar el Decreto 5503, el cual será sometido a consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Los parlamentarios solicitarán que el proyecto sea aprobado por dispensación de trámite en la sesión prevista para el 19 de diciembre, que estará presidida por el vicepresidente Edmand Lara.
El Decreto 5503, promulgado recientemente, establece un nuevo régimen económico con más de 120 artículos orientados a enfrentar la crisis fiscal y financiera del país. Entre sus disposiciones más polémicas se encuentra la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, lo que ha generado un incremento inmediato en los precios de los pasajes y de la canasta básica, provocando rechazo en sectores sociales, transportistas y organizaciones campesinas Erbol.
Desde Alianza Popular se argumenta que la medida vulnera derechos fundamentales y afecta directamente a la economía de los hogares bolivianos. “Estamos actuando por la patria, porque este decreto golpea a los más pobres y beneficia únicamente a quienes lucraban con el contrabando de combustible”, señaló Pacheco, al remarcar que la bancada buscará frenar la aplicación de la normativa tanto en el ámbito judicial como en el legislativo.
El escenario político se mantiene tenso, con movilizaciones en distintas regiones del país y llamados de organizaciones sociales para que el Gobierno retroceda en su decisión. Mientras el Ejecutivo insiste en que el Decreto 5503 es indispensable para estabilizar la economía nacional, la oposición, encabezada por Alianza Popular y respaldada por otras bancadas, prepara una estrategia doble: acción constitucional y presión legislativa para lograr la abrogación de la norma.
