Éxito Noticias, 1 de abril 2026.- El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, planteó la necesidad de esclarecer el origen de la denominada “gasolina de mala calidad” en el país, señalando que se deben investigar tanto los contratos de importación como las denuncias sobre una presunta red internacional de adulteración de combustible.
En entrevista con radio Éxito, el legislador sostuvo que uno de los puntos centrales es determinar en qué gestión se suscribieron los contratos con empresas proveedoras, como Vitol y Trafigura, y si estos corresponden al actual gobierno o a administraciones anteriores. Advirtió que, de haberse concretado adquisiciones recientes bajo condiciones cercanas a precios internacionales, la responsabilidad sería mayor. “Sería una barbaridad haber contratado gasolina de mala calidad sin haber sido estafados”, afirmó.
Alarcón indicó que este análisis permitirá establecer responsabilidades tanto de las empresas proveedoras como de las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), especialmente en lo referido al control y fiscalización de los productos adquiridos.
Respecto a la denuncia del Gobierno sobre una red internacional que habría adulterado combustible, el diputado consideró que, de confirmarse esta versión, implicaría la participación de conductores y propietarios de estos vehículos. En ese contexto, cuestionó que hasta el momento no se hayan tomado medidas más contundentes. “No es suficiente con denunciar, el Estado debe constituirse como querellante y pedir incluso el decomiso de las cisternas utilizadas como instrumento del delito”, señaló.
El legislador también puso en duda que la contaminación del carburante se deba únicamente a la supuesta manipulación en cisternas, y apuntó a problemas técnicos relacionados con el almacenamiento y la mezcla con etanol. Explicó que, según especialistas, un exceso de alcohol combinado con agua residual en los tanques podría generar una sustancia conocida como “goma”, que afectaría el funcionamiento de los motores.
En esa línea, insistió en que existen al menos dos posibles causas que deben ser esclarecidas: la calidad del combustible adquirido mediante contratos y la presunta adulteración durante su transporte. “El Gobierno tiene que explicar cuál de estas causas tuvo mayor incidencia”, sostuvo.
Alarcón remarcó que, independientemente del origen del problema, no se puede excluir la responsabilidad de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por fallas en los controles. “Ha fallado la fiscalización en los contratos, en las cisternas y en los tanques de almacenamiento”, afirmó.
Asimismo, el diputado propuso una “reingeniería total” de YPFB, con cambios estructurales orientados a mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión, además de implementar licitaciones públicas internacionales para evitar prácticas irregulares en la contratación de combustibles.
