Éxito Noticias, 27 de agosto 2025.- El abogado y activista de derechos humanos, Jorge Valda, denunció que en Bolivia existen más de 300 presos políticos como resultado de la persecución judicial y política ejercida durante el gobierno del presidente Luis Arce.
En contacto con radio Éxito, Valda señaló que no se trata únicamente de personas con detención preventiva, sino también de ciudadanos bajo arresto domiciliario, perseguidos, exiliados y hasta víctimas mortales que, según dijo, son consecuencia del “autoritarismo político y de una justicia servil”.
“Tenemos a jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, Mario Bascopé, Tonchi Bascopé y Yhasir Molina. Tenemos a jóvenes de la Resistencia Civil La Paz, Mauricio Bruzzone. Tenemos a los más de 30 militares y civiles detenidos por el caso 26 de junio del denominado falso golpe de Estado. Tenemos al ingeniero Fernando Handman, detenido por ser defensor de Derechos Humanos. Tenemos a las detenidas de la gobernación de Santa Cruz, 13 mujeres acusadas de actos de terrorismo, solamente por protestar en puertas de la Gobernación. Y tenemos así, si vamos sumando y contando, (…) son más de 300 presos políticos”, detalló el jurista.
Valda denunció que, en muchos casos, los procesos fueron impulsados bajo presión política de distintos ministerios y carteras de Estado, lo que derivó en la vulneración de derechos y garantías constitucionales. Según explicó, incluso quienes cumplen arresto domiciliario continúan coartados de su libertad, pues no pueden trabajar ni desarrollar una vida plena.
El abogado también cuestionó que se acuse a líderes cívicos y jóvenes de delitos graves en circunstancias en las que, dijo, no existían pruebas suficientes. Puso como ejemplo el caso de tres cívicos de Puerto Quijarro procesados por el homicidio de un funcionario municipal que murió a causa de una granada de gas lanzada por la Policía, pero por el que se responsabilizó a los dirigentes locales.
En ese contexto, Valda planteó la necesidad de un mecanismo de reparación para las víctimas de la persecución judicial y política. Señaló que la Constitución reconoce el derecho a la reparación cuando se vulneran derechos, y advirtió que, de no asumir esta responsabilidad, el Estado boliviano se expone a múltiples demandas internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
“No es necesario esperar a que existan demandas multimillonarias que puedan llevar al Estado a la quiebra. Lo correcto sería que el mismo Estado aperture la posibilidad de reparar a todos sus ciudadanos que han sido víctimas del autoritarismo político y judicial. Que nadie quede al margen, que todos sean reparados”, enfatizó.
Asimismo, Valda consideró que el próximo gobierno deberá priorizar la conformación de una comisión especial que determine el grado de afectación a las víctimas y diseñe un plan integral de indemnización, que podría incluir compensaciones económicas, restitución de derechos o eliminación de cargas impositivas impuestas de manera arbitraria.
“Se trata de restaurar un equilibrio que fue quebrantado por decisiones ilegales y arbitrarias. Es tiempo de que Bolivia deje atrás la persecución política y garantice justicia y reparación para todas las víctimas”, concluyó.
