Éxito Noticias, 16 de enero 2026.- El abogado Jerjes Justiniano cuestionó el proceso penal iniciado contra el exministro Zenón Mamani y denunció una serie de irregularidades en la actuación del Ministerio Público, en el marco de la investigación vinculada a presuntos hechos de daño económico al Estado por la compra y venta de harina subvencionada de Emapa.
Justiniano explicó que los hechos observados, la supuesta adquisición de harina subvencionada a un precio aproximado de 132 bolivianos y su posterior venta al Estado por cerca de 300, ocurrieron durante la gestión 2024, antes de que Mamani asumiera el cargo de ministro de Desarrollo Productivo, el 12 de febrero de 2025. En ese sentido, cuestionó la imputación contra su defendido, al considerar contradictorio atribuirle la omisión de acciones para evitar un daño que, según remarcó, ya se había consumado antes de su gestión.
El jurista reconoció que existen indicios irregulares que deben ser investigados, pero sostuvo que el camino correcto era la realización de auditorías técnicas que determinen responsabilidades civiles, penales, administrativas o ejecutivas. Afirmó que Mamani, ya en funciones, instruyó de manera documentada que se active a las instancias de Transparencia y Auditoría, y que incluso solicitó formalmente al gerente de la empresa estatal Emapa la realización de esos procesos. Sin embargo, aseguró que dichas actuaciones no fueron valoradas por la Fiscalía.
Uno de los puntos más críticos señalados por Justiniano fue la declaración informativa del exministro, la cual calificó de “altamente irregular”. Indicó que el fiscal asignado al caso no participó de manera efectiva en la toma de la declaración y que apenas estuvo presente por unos instantes, pese a que la normativa establece que es el fiscal quien debe recibirla. Añadió que, pese a ello, apenas cinco minutos después de concluida la declaración, se emitió la orden de aprehensión, lo que vulnera derechos fundamentales al no existir una valoración real de lo declarado.
“Todas esas acciones están documentadas y obviamente el señor fiscal no las ha considerado porque no estuvo en la declaración, él no escuchó la declaración. Fue tan irregular la declaración que termina la declaración al promediar las 5:00 de la tarde y a las 5:05, prácticamente a los 5 minutos, llega a la resolución de aprehensión. ¿Cómo pudo el señor fiscal tomar la decisión de aprehenderlo si no lo escuchó? Ahí le lesionó su derecho fundamental”. Pero además de ello, otros dos detalles importantes”, señaló el jurista en contacto con radio Éxito.
También rechazó el argumento de riesgo de fuga utilizado por la Fiscalía. Señaló que, aunque la certificación del SEGIP acreditaba el domicilio de Mamani, el fiscal sostuvo que no existía evidencia suficiente. Justiniano calificó esta postura como una “barbaridad jurídica”, más aún cuando su defendido presentó contrato de alquiler, certificaciones vecinales y facturas de servicios básicos que respaldan su residencia.
En relación con la supuesta probabilidad de autoría, el abogado afirmó que la resolución fiscal apenas dedica cuatro líneas para sostener que Mamani no fiscalizó ni denunció a tiempo, reiterando que los hechos investigados corresponden a una gestión anterior. Además, recordó que EMAPA es una empresa estatal autárquica, creada por ley y con autonomía de gestión, cuya máxima autoridad ejecutiva es el gerente general, no el ministro. En ese marco, enfatizó que el ministro no forma parte del directorio ni es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), por lo que no puede atribuírsele responsabilidad penal directa por actos administrativos de la entidad.
Justiniano subrayó que la responsabilidad penal es personalísima y que solo podría extenderse a terceros si se demuestra una concertación para delinquir, extremo que no existe en este caso. Asimismo, advirtió que corresponde analizar la responsabilidad de quienes designaron a las autoridades ejecutivas de la empresa estatal, sin que ello implique automáticamente responsabilidad penal por los actos cometidos por dichas autoridades.
Consultado sobre una posible persecución política, el abogado sostuvo que, a su criterio, el Ministerio Público ha actuado históricamente como un “brazo operativo del poder político” y que la justicia boliviana no ha experimentado cambios estructurales reales. No obstante, señaló que no desea adelantar conclusiones y afirmó que, tras revisar la documentación, considera que su defendido no tiene responsabilidad penal y que su aprehensión es injusta.
Asimismo, informó que la defensa aguarda la presentación de la imputación formal anunciada por la Fiscalía y que, una vez instalada la audiencia cautelar, reclamará ante el juez todas las irregularidades detectadas, con la expectativa de obtener un fallo favorable en favor del exministro Mamani.
