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Abogado de Mariaca califica de “política” su detención y pide dejarla sin efecto

Éxito Noticias, 1 de octubre 2026.- El abogado Jerjes Justiniano, representante legal de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta, anunció que la defensa acudió a la vía constitucional para cuestionar las aprehensiones y buscar la liberación de los tres fiscales. La acción de libertad fue presentada este jueves y quedó radicada en la Sala Constitucional Tercera, que deberá definir si corresponde conceder la tutela solicitada.

El jurista sostiene que durante el operativo se habrían vulnerado derechos relacionados con la libertad y el debido proceso. Además, cuestionó que Mariaca haya sido apartado de sus funciones mediante una aprehensión, cuando, según su interpretación, existen procedimientos específicos para suspender o destituir a un Fiscal General. La defensa también observó la intervención de autoridades del Ejecutivo y la Policía en el operativo.

Justiniano calificó personalmente las detenciones como “aprehensiones políticas” y relacionó su cuestionamiento con las investigaciones que Mariaca venía impulsando, entre ellas el caso vinculado al consultor argentino Fernando Cerimedo. El Gobierno, en cambio, sostiene que el operativo forma parte de una investigación por una presunta estructura criminal dentro del Ministerio Público y que Mariaca estaría relacionado con actividades de protección al narcotráfico.

Uno de los principales elementos que la defensa puso bajo cuestionamiento es el video atribuido al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, difundido después de la aprehensión de Mariaca. En las imágenes, Marset afirma que Mariaca era su amigo y que mantenía comunicación con él. Para Justiniano, ese material por sí solo no constituye una declaración formal ante un fiscal ni puede ser considerado automáticamente una prueba con valor jurídico.

La investigación también tomó fuerza después de que la Policía señalara que las declaraciones del mayor Rubén Aparicio Villarroel habrían permitido establecer presuntos vínculos entre autoridades del Ministerio Público y Marset. Mientras la Fiscalía y el Gobierno avanzan con las pesquisas, la defensa espera que la acción de libertad sea resuelta y cuestiona que las acusaciones sean utilizadas para justificar decisiones que, a su criterio, no siguieron el procedimiento establecido por ley.

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