Éxito Noticias, 12 de noviembre 2024.- Sobre la investigación que involucra al expresidente Evo Morales en Argentina, relacionada con presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores, su defensa califica el proceso como un “invento” orquestado con fines políticos. En pasados días, la Fundación Apolo amplió su denuncia contra un familiar y un exmilitar, quienes, según la organización, habrían facilitado el acceso del exmandatario a menores de edad durante su estancia en Argentina entre 2019 y 2020.
Según fuentes cercanas a la investigación, Morales habría convivido en territorio argentino con menores que supuestamente fueron trasladadas desde Bolivia en condiciones vulnerables. Estos hechos, si se prueban, estarían vinculados con la trata de personas con fines de explotación sexual, uno de los crímenes más graves que se le imputan.
En respuesta a estas acusaciones, Nelson Cox, abogado de Evo Morales, rechazó en contacto con radio Éxito, tajantemente los cargos, afirmando que se trata de un proceso fabricado políticamente.
“(Es un proceso inventado) porque así lo ha señalado el expresidente. (…) Ni bien termina la ‘marcha para recuperar la patria’, precisamente se empieza a activar todos estos procesos porque no es solamente un proceso aislado, tiene que ver voto de más de ocho, nueve, diez procesos ya en contra del expresidente, procesos políticos desde el Gobierno, desde el Ministerio de Obras Públicas y también el propio Procurador quien presenta una acción penal en contra del expresidente”, señaló Cox.
El abogado agregó que las acusaciones buscan “dañar la imagen del expresidente” y que la utilización de la figura de la mujer y de la juventud en el contexto de los abusos sexuales responde a una estrategia de “sensacionalismo moralista”. Aseguró que los cargos son parte de un esfuerzo coordinado para desacreditar a Morales, que no solo enfrenta acusaciones de abuso de menores, sino también vinculaciones con el narcotráfico.
En este sentido, recordó las acusaciones de narcotráfico que se han hecho en su contra, como la vinculación con Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), y las acusaciones de sedición por parte del gobierno de Perú.
Cox también destacó que estas acusaciones “no tienen base” y calificó el proceso como un intento de generar un discurso de odio contra Morales, sin pruebas que respalden las denuncias.
El abogado reiteró que, si la investigación llega a un ámbito judicial, Morales se defenderá con todos los recursos legales disponibles.
“Cuando llegue al plano judicial si es que va a llegar, si es que se notifica como es el debido proceso, tengan por seguro que se va a efectuar las acciones defensa que corresponden a cualquier ciudadano”, remarcó.
Por su parte, las autoridades argentinas continúan con la investigación, mientras que la Fundación Apolo, que presentó las denuncias originales, insiste en que el expresidente debe responder por los hechos presuntamente ocurridos durante su asilo en Argentina.
