Éxito Noticias, 30 de octubre 2025.- La defensa del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, volvió a señalar que el presidente Luis Arce fue quien ordenó el desplazamiento de vehículos blindados hacia la plaza Murillo el 26 de junio de 2024, y que varios ministros del gabinete estaban al tanto de esa instrucción.
En contacto con radio Éxito, la abogada Silvia Tapia, representante legal del exjefe militar, afirmó que su cliente cumplió una disposición presidencial y no actuó por iniciativa propia ni con fines de insubordinación.
Según la jurista, el informe de la comisión legislativa que investigó el caso confirma que no hubo un golpe de Estado, aunque atribuye responsabilidades a Zúñiga. Desde su punto de vista, esa conclusión es contradictoria, ya que el excomandante habría actuado por mandato del propio jefe de Estado. Tapia sostuvo que el traslado de los blindados fue ordenado el 23 de junio de 2024, en un encuentro deportivo, de manera verbal.
La defensa detalló que el operativo de movimiento de unidades militares se organizó a partir de esa instrucción presidencial. Los vehículos se encontraban en distintas regiones y fueron trasladados hacia la ciudad de La Paz para su posterior concentración en el centro paceño. La abogada sostiene que toda la documentación que acreditaba esa movilización, incluida la información publicada por el Ejército en sus redes institucionales, fue eliminada una vez que el Gobierno presentó los hechos como un intento de golpe.
Tapia afirmó que no solo el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tenía conocimiento de la orden, sino también el titular de Defensa, Edmundo Novillo, la viceministra Marianela Prado y el alto mando militar. Pese a ello, apuntó, la responsabilidad recayó únicamente sobre su defendido, mientras las demás autoridades involucradas continuaron ejerciendo funciones.
La abogada considera que el episodio fue una maniobra política diseñada para fortalecer la imagen del presidente Arce, utilizando a las Fuerzas Armadas en una puesta en escena que terminó perjudicando al general Zúñiga. Asegura además que el excomandante fue objeto de presiones, amenazas y malos tratos después de haber declarado que actuó por instrucción presidencial.
De acuerdo con Tapia, Zúñiga desconocía que el operativo sería utilizado con otros fines. Cuando los blindados llegaron a la plaza Murillo, el general creyó estar cumpliendo una tarea de resguardo al Estado ante posibles movilizaciones, sin advertir que se trataba de una maniobra premeditada. Posteriormente, al percatarse de la presencia de francotiradores en la zona, comprendió que había sido víctima de una trampa.
La defensa también denunció que el Ministerio Público obstaculizó el esclarecimiento del caso y se negó a ampliar las declaraciones del excomandante. Tapia acusó al fiscal encargado de la investigación, Omar Mejillones, de actuar con parcialidad y de proteger a los verdaderos responsables. A su juicio, la Fiscalía ha actuado como un instrumento político y no como una institución independiente.
La jurista sostuvo que el caso Zúñiga es una muestra del deterioro institucional en el país y de la instrumentalización de la justicia con fines partidarios. Manifestó su expectativa de que, bajo la próxima administración gubernamental, se reactive la investigación y se sancione a quienes realmente planificaron los hechos.
