Éxito Noticias, 30 de octubre 2025.- La defensa del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, denunció que su cliente fue víctima de torturas y presiones psicológicas con el objetivo de modificar su versión de los hechos sobre la toma militar de la plaza Murillo ocurrida el 26 de junio de 2024. En contacto con radio Éxito, la abogada Silvia Tapia afirmó que el exjefe militar fue sometido a maltratos durante su detención en el penal de El Abra.
Según la jurista, tras afirmar que había actuado por instrucción del presidente Luis Arce, el general Zúñiga fue amenazado, mantenido en condiciones inhumanas y privado de alimentos durante varios días. Aseguró que durante ese periodo fue presionado para adherirse a un relato construido por las autoridades, en el que se presentaba el despliegue de blindados como un intento de golpe de Estado.
Tapia explicó que la grabación que se difundió públicamente no refleja la declaración original de su defendido, sino una versión obtenida bajo coerción. Indicó que la filmación se habría realizado dentro del penal de El Abra, donde Zúñiga permaneció incomunicado y bajo constante vigilancia. En ese contexto, se le habrían ofrecido beneficios judiciales y la libertad para otros oficiales detenidos a cambio de asumir la responsabilidad por los hechos.
De acuerdo con la versión de la defensa, Zúñiga fue torturado no solo físicamente, sino también psicológicamente, con amenazas permanentes contra su vida y la de su familia. Tapia señaló que el general se vio forzado a guardar silencio después de su traslado al penal, temiendo represalias si insistía en sostener que había cumplido una orden presidencial.
La jurista cuestionó además el papel del Ministerio Público, al que acusa de haber encubierto los hechos de tortura y de haber actuado bajo presión política. Sostuvo que el fiscal encargado del caso no permitió la incorporación de pruebas que podrían demostrar los abusos cometidos durante la investigación y que, pese a las denuncias formales, ninguna autoridad ha sido procesada por estos actos.
Para la abogada, el trato recibido por su cliente constituye una grave violación a los derechos humanos y refleja el uso político del sistema judicial. Reiteró que el excomandante no protagonizó un golpe de Estado, sino que fue utilizado en una maniobra política destinada a fortalecer la imagen del Gobierno.
Tapia concluyó que el caso del general Zúñiga debe ser revisado por instancias internacionales, dado que las condiciones en las que fue detenido, interrogado y procesado contravienen normas básicas de debido proceso. A su juicio, solo una investigación independiente permitirá esclarecer la verdad y garantizar justicia frente a los abusos cometidos.
