Éxito Noticias, 3 de noviembre 2026.- El Gobierno se encamina a cerrar y liquidar la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), que acumuló pérdidas cercanas a los Bs 400 millones. El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, informó que una auditoría, próxima a concluir, establecerá las condiciones para concretar esa decisión y determinará posibles responsabilidades por el manejo de la compañía. “Esa institución tiene que ser cerrada, pero hay que hacerlo de buena manera. No podemos hacerlo precipitadamente”, sostuvo.
La autoridad explicó que las pérdidas de Epcoro estarían relacionadas con la compra de oro a precios elevados y su posterior venta al Banco Central de Bolivia (BCB) a un costo menor. En ese marco, adelantó que el Gobierno prevé iniciar procesos contra los exgerentes que estuvieron a cargo de la empresa. “Vamos a tener que procesar a los gerentes”, manifestó, aunque aclaró que primero se debe contar con los resultados de la revisión.
Sobre la Empresa Metalúrgica Karachipampa, Calderón de la Barca reconoció que la planta no consiguió funcionar de manera sostenida pese a los recursos invertidos. Sin embargo, señaló que existen propuestas para recuperar parte de sus activos, entre ellas la compra de concentrados minerales procedentes de Perú y la implementación de tratamientos para obtener minerales valiosos. “Por suerte hay empresas para recuperar activos”, indicó.
En otro tema, el ministro anunció que el nuevo Código Minero será presentado ante la Asamblea Legislativa durante noviembre. El documento todavía se encuentra en elaboración y su contenido será consolidado hasta finales de este mes, después de recoger y revisar propuestas de especialistas e instituciones del sector. Según los datos expuestos durante la presentación de los avances, se recibieron 147 propuestas: 22 fueron incorporadas en su totalidad, 39 parcialmente, 30 con modificaciones, mientras que 38 fueron descartadas y otras 18 quedaron fuera del texto.
Calderón de la Barca rechazó las críticas que califican al proyecto como una copia de la normativa aprobada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y sostuvo que todavía no existe una versión definitiva para emitir ese tipo de conclusiones. Añadió que más de 140 especialistas y alrededor de 40 instituciones participaron en la elaboración. Respecto a las inversiones mineras de gran magnitud, explicó que sus resultados no se verán durante la actual gestión, debido a que estos proyectos pueden tardar entre cuatro y cinco años en concretarse. “Esta siembra es obligatoria por el bien del país; necesitamos proyectos de gran magnitud”, afirmó.
