Éxito Noticias, 16 de octubre 2026.- El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barbosa, denunció la existencia de indicios de una presunta red de extorsión y chantaje financiero que habría operado mediante la coordinación de funcionarios de esa institución y del Ministerio Público durante anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Según la autoridad, una revisión interna permitió identificar documentación sobre procesos que podrían evidenciar el uso irregular de la entidad, por lo que pidió investigar y procesar penalmente a los responsables.
Barbosa explicó que la UIF fue creada para prevenir, detectar y analizar operaciones financieras relacionadas con delitos vinculados a la legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, sostuvo que durante las anteriores gestiones gubernamentales la institución habría sido utilizada con otros fines, entre ellos ejercer presión sobre empresarios, comerciantes, emprendedores y personas contrarias al Gobierno. “La UIF fue usada como plataforma de presión y chantaje financiero”, afirmó.
El director señaló que, de acuerdo con los antecedentes revisados, la entidad también habría sido empleada como instrumento de persecución política en periodos electorales. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en 2019, cuando, según su denuncia, la UIF ingresó al debate político y amenazó con iniciar investigaciones contra el principal candidato opositor de ese momento. Barbosa remarcó que estos hechos deben ser esclarecidos y que los funcionarios involucrados deben responder ante la justicia si se comprueba su responsabilidad.
La autoridad agregó que los indicios fueron identificados a partir de una revisión de informes y documentos institucionales iniciada desde que asumió el cargo en enero. Asimismo, mencionó una posible actuación coordinada entre funcionarios de la UIF y el Ministerio Público durante la gestión de Roger Mariaca como fiscal general del Estado. No obstante, la denuncia expuesta hasta el momento no constituye una sentencia ni establece por sí sola responsabilidades penales; corresponderá a las instancias investigativas determinar cómo se desarrollaron los hechos y quiénes estarían implicados.
