Éxito Noticias, 5 de octubre 2026.- La defensa de Alberto Zeballos anunció que apelará la detención preventiva de su cliente y cuestionó la solidez de las pruebas utilizadas para imputarlo por organización criminal y tráfico de sustancias controladas. El abogado Cristian Sánchez sostuvo que su cliente fue enviado al penal de El Abra, en Cochabamba, en un proceso que, a su criterio, está marcado por presiones políticas y mediáticas.
En contacto con radio Éxito, Sánchez afirmó que la imputación se sustenta principalmente en un video difundido en redes sociales y en una decisión administrativa del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Solamente sobre la base de un TikTok”, cuestionó el jurista, quien sostuvo que en el material audiovisual ni siquiera se menciona directamente a Zeballos. Añadió que una decisión migratoria de otro país “no puede ser considerada como prueba legal en Bolivia”.
El abogado explicó que, para sustentar una acusación por organización criminal, la Fiscalía debería demostrar aspectos como los roles de los involucrados, sus funciones, el tiempo de permanencia y las actividades desarrolladas dentro de la presunta estructura. Según Sánchez, esos elementos no fueron acreditados durante la audiencia cautelar.
A su criterio, el video atribuido al narcotraficante Sebastián Marset podría constituir una noticia criminal que permita iniciar una investigación, pero no alcanza para justificar una imputación ni, menos aún, una detención preventiva. “No alcanza el umbral de la imputación necesaria”, afirmó.
Sánchez también cuestionó que el proceso se haya trasladado a Cochabamba pese a que los hechos investigados y los principales involucrados tienen relación con Santa Cruz. Recordó que inicialmente un juez aceptó la excepción de incompetencia territorial planteada por la defensa y determinó que las pruebas y los imputados se encontraban en Santa Cruz.
Sin embargo, el abogado denunció que después de esa determinación se produjeron pronunciamientos públicos de autoridades del Ejecutivo y otras acciones que, según su interpretación, generaron presión sobre los operadores de justicia. “Lamentablemente, hay una fuerte presión política y mediática”, sostuvo.
El jurista cuestionó además las advertencias realizadas por autoridades del Gobierno a jueces y fiscales que intervienen en las investigaciones. Afirmó que la presencia policial en inmediaciones de juzgados y las declaraciones sobre posibles sanciones pueden afectar la independencia judicial.
En ese contexto, Sánchez defendió que Zeballos enfrente el proceso en libertad o bajo medidas menos gravosas. Consideró que la detención preventiva debería utilizarse como último recurso y no como mecanismo para investigar posteriormente la posible responsabilidad de una persona. “Se está deteniendo para luego investigar”, cuestionó.
Como experto en criminalística, el abogado también planteó dudas sobre la rapidez con la que se activaron las investigaciones a partir del video de Marset. Señaló que el material fue grabado el 13 de marzo y que, aunque podría justificar la apertura de una investigación, no considera que por sí solo permita establecer responsabilidad penal.
Sánchez atribuyó la intensidad del caso a un contexto político y social complejo. En su interpretación, la crisis económica y las dificultades que enfrenta el Gobierno podrían generar incentivos para que determinados hechos de alto impacto ocupen la atención pública. “Tiene que haber estas noticias explosivas que viren la atención pública y mediática”, sostuvo.
Respecto al nuevo fiscal general interino, José Armando Urioste, el abogado expresó que espera una actuación independiente y apegada a la ley. Consideró que la nueva autoridad debe investigar cualquier irregularidad que corresponda, pero sin responder a intereses políticos.
El defensor también cuestionó el deterioro estructural del sistema de justicia y seguridad en Bolivia y sostuvo que la debilidad institucional permitió el crecimiento tanto de la delincuencia común como del crimen organizado. Afirmó que cualquier reforma del Ministerio Público debe ser profunda y no convertirse en un mecanismo para favorecer intereses particulares.
Asimismo, Sánchez informó que la defensa ya prepara la apelación contra la detención preventiva. Explicó que el recurso se planteará oralmente y será fundamentado en la audiencia prevista para esta semana. Entre los principales pedidos estará que el proceso sea tramitado en Santa Cruz y que Zeballos pueda defenderse desde su domicilio bajo reglas de conducta que garanticen su presencia durante la investigación.
“Es muy excesivo, no es necesario, no es idónea la detención preventiva”, afirmó el abogado, quien insistió en que la defensa agotará las vías legales para lograr que su cliente afronte el proceso en libertad.
