Éxito Noticias, 16 de septiembre 2026.- La defensa de los cuatro militares investigados por el supuesto robo de explosivos del cuartel de Tarapacá denunció presuntas irregularidades durante el proceso y aseguró que los jóvenes fueron obligados a admitir su responsabilidad. La abogada Mónica Irusta afirmó que sus clientes firmaron un documento en el que se atribuían la sustracción de los explosivos, pero que esa declaración habría sido obtenida bajo presión.
Según la jurista, los cuatro soldados son jóvenes que recientemente alcanzaron la mayoría de edad y se encontraban realizando el servicio militar obligatorio. Explicó que sus padres fueron informados posteriormente y presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Irusta cuestionó que se haya utilizado esa declaración como elemento dentro del proceso, al considerar que vulneraría el principio constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.
“Lo único que se tiene dentro de la presente audiencia es esa acta bajo coacción que les habrían hecho firmar a estos pobres cuatro jóvenes”, sostuvo la abogada, quien además señaló que las autoridades militares que suscribieron el documento también deberán responder por las circunstancias en las que se obtuvo la declaración.
Tras las denuncias presentadas por la defensa, una juez de garantías constitucionales determinó aplicar una medida menos gravosa y dispuso la detención domiciliaria de los cuatro implicados, además de otras condiciones como la presentación de garantes y restricciones establecidas por la autoridad judicial. De esta manera, los jóvenes recuperaron su libertad mientras continúa el proceso por la presunta sustracción de los explosivos.
