Éxito Noticias, 16 de septiembre 2026.- La empresa pública Yacana llegó a utilizar apenas el 7% de la capacidad de la planta construida en Laja, mientras decenas de equipos pagados con recursos estatales no fueron encontrados o nunca entraron en funcionamiento, según una investigación presentada por el Gobierno que ahora derivó en una denuncia penal por un presunto daño económico superior a Bs 203 millones.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, informó que el caso fue remitido al Ministerio Público y que la denuncia apunta inicialmente a exejecutivos y funcionarios de la empresa por presunta conducta antieconómica, contrato lesivo al Estado e incumplimiento de deberes.
La revisión identificó 116 máquinas que debían formar parte de la planta. Sin embargo, una inspección encontró 90, mientras que 26 equipos que habían sido pagados no pudieron ser ubicados. A esto se suman otros 20 aparatos que permanecían en el lugar, pero nunca funcionaron, de acuerdo con los datos expuestos por García.
El Gobierno también cuestionó el proceso de adquisición de la maquinaria y señaló que el proyecto contemplaba tecnología europea, pero el 86% de los equipos tendría procedencia china. Entre los elementos observados figura incluso una máquina diseñada para trabajar con fibra de camello, pese a que Yacana debía procesar fibra de llama y otros camélidos sudamericanos.
Las irregularidades no se limitaron a los equipos. La investigación estableció que Yacana compró fibra por más de Bs 4 millones en 2018 sin contar con condiciones suficientes para almacenarla. El material terminó deteriorándose por humedad, hongos, polvo y polillas, lo que generó pérdidas sobre la materia prima adquirida.
García también cuestionó el costo final de la infraestructura. El contrato llave en mano fijó inicialmente un monto de Bs 224 millones, pero los desembolsos superaron los Bs 226 millones. Para el Gobierno, estas observaciones forman parte de un conjunto de decisiones que terminaron comprometiendo recursos públicos destinados a la industrialización del sector de camélidos.
La denuncia incluye preliminarmente a los exgerentes Calvetti y Ontiveros Oporto, además de los ingenieros Calle Colque, Peñarrieta y Aguilar Aguilar. García aclaró que la nómina podría aumentar a medida que el Ministerio Público revise la documentación reunida en cinco tomos.
Como parte de las acciones planteadas, el Gobierno solicitó la anotación de bienes y cuentas de los investigados para buscar la recuperación del monto observado. La autoridad también anunció que se revisará el uso que Yacana dio a sus productos, después de identificar bolsas textiles elaboradas por la empresa pública con la imagen de un exministro.
