Éxito Noticias, 4 de septiembre 2026.- El proyecto de ley que busca habilitar el acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 1.900 millones llegó a la Cámara de Diputados con apenas siete páginas de documentación, situación que generó observaciones en la Comisión de Planificación. El diputado de alianza Libre y secretario del Comité de Política Financiera, José Luis Porcel, anunció que solicitará al Gobierno información adicional antes de que la Asamblea avance en su tratamiento.
En contacto con radio Éxito, Porcel explicó que el documento, identificado como proyecto de ley 723, ya fue remitido a la Comisión de Planificación, aunque hasta el momento esa instancia no convocó a una sesión para presentarlo oficialmente ni entregó físicamente la documentación a los legisladores.
El diputado señaló que recibió de manera virtual el proyecto y, tras revisarlo, determinó que se requieren los anexos, cartas de entendimiento y otros documentos vinculados al acuerdo financiero. Por ello, anunció el envío de una nota para solicitar que toda la información sea incorporada al expediente.
“Llegó y todavía la Comisión de Planificación no convocó a sesión”, afirmó Porcel, quien cuestionó que una operación financiera de esta magnitud sea respaldada por un documento de extensión limitada.
La autoridad recordó que la Cámara aprobó recientemente una resolución para que los proyectos de ley relacionados con financiamiento incluyan todos sus anexos y documentación complementaria. Además, se planteó incorporar un cuadro que permita verificar si cada iniciativa cumple con los requisitos exigidos para la contratación de préstamos.
Según Porcel, esta medida busca elevar los niveles de transparencia y permitir que los legisladores conozcan con precisión las condiciones, obligaciones y destino de los recursos antes de emitir su voto.
El legislador, que se identificó como opositor al Gobierno pero también como un “opositor pro-positivo”, sostuvo que no corresponde adelantar una posición sobre la aprobación del acuerdo mientras no se conozca toda la documentación.
“De momento no podemos adelantar nada”, señaló, aunque reconoció que Bolivia atraviesa una situación económica delicada y necesita recursos para afrontar la crisis.
Entre los documentos que considera necesarios están el memorándum de entendimiento con el FMI, las condiciones asociadas a la operación y el plan de utilización de los recursos. El objetivo, explicó, es establecer con mayor claridad hacia dónde serán destinados los $us 1.900 millones.
“Estamos solicitando, como mencionó la comisión, el memorándum de entendimiento y el plan de utilización de estos recursos”, indicó.
Porcel descartó, además, que el FMI pueda asumir directamente el control de las políticas económicas del país. A su criterio, las recomendaciones del organismo internacional no implican una pérdida automática de soberanía, aunque advirtió que el Legislativo debe revisar las condiciones antes de autorizar la operación.
El diputado explicó que, si el acuerdo es aprobado y los recursos son desembolsados, estos permitirían fortalecer las reservas internacionales y disponer de divisas para atender las necesidades de importación del país.
Mencionó entre ellas la compra de combustibles, medicamentos e insumos, además de otras importaciones necesarias para el funcionamiento de la economía. A su juicio, el financiamiento podría contribuir a generar un periodo de estabilidad mientras se trabaja en la recuperación económica.
La recuperación, agregó, debería estar acompañada por un incremento de la inversión extranjera y nacional, mayor producción, generación de empleo, valor agregado y obtención de divisas.
Sin embargo, advirtió que las medidas necesarias para estabilizar la economía pueden tener un costo social para la población, debido a eventuales ajustes relacionados con el tipo de cambio, los combustibles y el poder adquisitivo.
El legislador también cuestionó la pérdida de capacidad exportadora del país, principalmente por la caída de la producción de gas natural. Recordó que Bolivia llegó a producir alrededor de 60 millones de metros cúbicos diarios en 2014, mientras que actualmente la producción sería inferior a 27 millones.
Según su explicación, esta reducción afectó el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones de gas, que anteriormente representaban alrededor de $us 6.000 millones anuales y que ahora serían considerablemente menores.
Ante este escenario, sostuvo que Bolivia requiere diversificar sus fuentes de ingresos y fomentar nuevas inversiones productivas, mientras enfrenta una coyuntura internacional que también encarece la importación de combustibles.
Porcel explicó que los $us 1.900 millones no necesariamente llegarían de una sola vez. El acuerdo contempla un periodo de 36 meses para que el Gobierno solicite los desembolsos, que se realizarían por tramos.
Indicó que cada desembolso tendría condiciones específicas y que existiría una comisión de 0,5%, mientras el periodo total de pago alcanzaría aproximadamente 10 años.
El financiamiento está expresado en Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes, según explicó, a los $us 1.900 millones anunciados por el Gobierno.
El diputado comparó el mecanismo con una línea de crédito, en la que el beneficiario puede solicitar recursos de manera parcial conforme a sus necesidades y al cumplimiento de las condiciones establecidas.
“No es convencional” aprobar $us 1.900 millones con siete páginas
Porcel insistió en que el Legislativo necesita contar con todos los elementos antes de definir si corresponde aprobar la operación. Cuestionó que el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo tenga únicamente siete páginas para respaldar un acuerdo financiero de esa magnitud.
“De momento no podemos adelantar nada. Lo que sí es factible es que el país necesita esos recursos”, reiteró.
El legislador consideró que la eventual aprobación del acuerdo podría facilitar el acceso de Bolivia a nuevos financiamientos de organismos internacionales, pero remarcó que primero debe verificarse el contenido y las condiciones de la operación.
“Los $us 1.900 millones necesitan toda la documentación”, sostuvo Porcel al insistir en que la Comisión de Planificación debe recibir los anexos y documentos complementarios antes de avanzar con el análisis.
