Éxito Noticias, 3 de septiembre 2026.- El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, afirmó que cualquier proceso de reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) deberá esperar hasta que concluya el estado de excepción, debido a las restricciones que esta medida implica sobre las libertades democráticas.
En contacto con radio Éxito, Del Granado explicó que, mientras esté vigente la actual Constitución, cualquier modificación debe realizarse bajo condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y libertades democráticas.
“Una vez que se levante el estado de excepción, seguramente vamos a restablecer un cronograma para la reforma constitucional”, señaló.
El diputado sostuvo que no corresponde desarrollar un proceso de reforma constitucional en un contexto en el que existen restricciones a las libertades democráticas. A su criterio, este tipo de modificaciones requiere condiciones que permitan un debate amplio y la participación de los distintos sectores.
“No se puede implementar procesos de reforma en medio de la restricción de las libertades democráticas que supone siempre un estado de excepción”, afirmó.
Sus declaraciones se producen mientras el Gobierno analiza la posibilidad de ampliar el estado de excepción, medida que deberá ser considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Del Granado señaló que esperará conocer los argumentos del Ejecutivo antes de fijar una posición sobre una eventual ampliación.
“Esperemos la solicitud y la fundamentación para opinar y votar definitivamente al respecto”, indicó.
Respecto a los planteamientos para acelerar una reforma constitucional, Del Granado consideró que el proceso debe cumplir los tiempos necesarios para garantizar su discusión y alcanzar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.
El legislador cuestionó así la idea de realizar una modificación “rápida” y sostuvo que, aunque el proceso debe ser expedito, no puede dejar de lado el debate y la construcción de consensos.
“Necesitamos una reforma que sea expedita, pero tomándose los tiempos que sean necesarios”, manifestó.
Entre los cambios que considera prioritarios está el fortalecimiento de la administración de justicia. Del Granado explicó que actualmente el presupuesto destinado al sistema judicial representa menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado, situación que limita el funcionamiento de juzgados y fiscalías.
Afirmó que esta restricción presupuestaria se refleja también en la infraestructura, el número de funcionarios y las condiciones laborales, aspectos que terminan afectando la calidad del servicio de justicia en el país.
Desde la Comisión de Constitución, planteó incorporar en la CPE una asignación presupuestaria progresiva para la administración de justicia que alcance al menos el 3% del presupuesto estatal.
“La necesidad de reformar la parte presupuestaria” es, según explicó, uno de los aspectos centrales que debería ser considerado en una eventual modificación constitucional.
Del Granado informó además que existen varios proyectos de reforma constitucional que deberán ser analizados por la Comisión de Constitución. Entre ellos se encuentran propuestas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz y por el expresidente Jorge Tuto Quiroga.
Explicó que la comisión revisará las iniciativas que sean remitidas formalmente y buscará compatibilizar sus contenidos o rescatar los aspectos considerados positivos de cada propuesta.
“Vamos a hacer un informe como le digo ojalá de compatibilización de los mismos”, señaló.
El legislador también consideró necesario fortalecer al Tribunal Constitucional Plurinacional, principalmente debido a las acefalías existentes y a la necesidad de garantizar que este órgano pueda atender adecuadamente los conflictos de carácter constitucional.
“Hay que completar la composición del órgano”, afirmó Del Granado, al considerar fundamental dotarlo de las capacidades necesarias para cumplir sus funciones.
El presidente de la Comisión de Constitución marcó como condición previa para retomar el proceso de reforma constitucional el levantamiento del estado de excepción, mientras el debate sobre una eventual modificación de la CPE continúa pendiente en la Asamblea Legislativa.
