Éxito Noticias, 1 de septiembre 2026.– La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al Ministerio de la Presidencia y al Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos acelerar la reglamentación de la Ley N.º 1686, relacionada con la reparación integral a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las crisis de 2019. Las autoridades deberán cumplir con las acciones establecidas en la resolución dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles desde su notificación.
La decisión está contenida en la Resolución Constitucional N.º 237/2026, emitida el 31 de agosto, y establece que el proceso debe contar con la participación efectiva de las víctimas de Senkata y Sacaba, además de organizaciones de la sociedad civil y especialistas independientes. El fallo también dispone que se concluya la revisión técnica, jurídica e interinstitucional del proyecto de reglamentación para que pueda avanzar hacia su aprobación.
El proceso se activó después de que la Defensoría del Pueblo, en representación de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, presentara el 10 de julio una Acción de Cumplimiento contra autoridades del Ejecutivo. La institución argumentó que la falta de reglamentación de la Ley 1686 impedía avanzar en aspectos como la reparación integral, el acceso a la justicia y las garantías de no repetición frente a las vulneraciones de derechos humanos registradas en noviembre de 2019.
Entre las tareas ordenadas por la Sala Constitucional también está resolver las observaciones surgidas por la actual estructura ministerial y, posteriormente, remitir el proyecto definitivo a la instancia correspondiente del Órgano Ejecutivo para que sea considerado y, eventualmente, aprobado por el Consejo de Ministros. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que la reparación a las víctimas no puede continuar postergándose. “La reparación integral no puede permanecer pendiente de cumplimiento; el Estado tiene la obligación de garantizar que las víctimas puedan ejercer plenamente sus derechos”, afirmó.
Desde la Defensoría del Pueblo calificaron la resolución como un avance para hacer efectivo el mandato de la Ley 1686 y garantizar que las víctimas tengan participación en la elaboración de la normativa. Callisaya remarcó que escuchar a quienes fueron afectados es fundamental para que las medidas respondan a sus necesidades y demandas. La institución anunció que continuará haciendo seguimiento al cumplimiento de las cuatro acciones ordenadas por la justicia y a las medidas que adopte el Órgano Ejecutivo.
