Éxito Noticias, 23 de agosto 2026.- Una jueza federal anuló este viernes la prohibición de visados impuesta por la administración Trump a inmigrantes de 75 países al determinar que era “contraria a la ley” y que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
El Departamento de Estado suspendió en enero la emisión de visas de inmigrante para casi el 40 % de los países del mundo, incluidos Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia, en una medida que, según afirmó, evitaría la entrada de personas que “recibirían asistencia social y beneficios públicos”.
La jueza Jeannette Vargas del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan cuestionó la justificación del Departamento de Estado para esta política, revocando cualquier denegación de visa basada únicamente en ella, lo que supone otro revés para la represión inmigratoria de la administración Trump.
Según la ley, un inmigrante solo puede ser rechazado por ser una posible “carga pública” (alguien que se espera que dependa del apoyo del Gobierno) después de que un funcionario consular evalúe las finanzas, la edad, la salud, las habilidades y la situación familiar de esa persona.
Vargas determinó que, en la práctica, los funcionarios estadounidenses tenían la orden de rechazar las visas de los solicitantes, incluso de aquellos que podían mantenerse por sí mismos, basándose únicamente en el país de origen.
La prohibición suspendió los visados de residencia permanente para las personas que se reunían con familiares o que aceptaban trabajos en EE.UU., pero no se aplicó a los visados de no inmigrante, como los de turista o de estudiante.
Un cable que Rubio envió a todas las misiones diplomáticas y consulares, y que quedó registrado en el expediente del caso, ordenaba a los funcionarios que rechazaran a los solicitantes incluso cuando alguien “presentara pruebas adicionales que demostraran que superaba la objeción por ser considerado carga pública”.
“El resultado está predeterminado”, escribió Vargas. “La visa será denegada”.
Según ella, esta política contravenía una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas, así como una disposición aparte que niega al secretario de Estado cualquier injerencia en la forma en que los funcionarios consulares deciden los casos individuales.
