Éxito Noticias, 22 de agosto 2026.– La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Sandra Rivero, cuestionó la decisión de una Sala Constitucional de Cochabamba que concedió una acción de libertad a favor del exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y dejó sin efecto actuaciones del proceso judicial relacionado con los hechos de octubre de 2003. El fallo declaró la nulidad de actuaciones del juicio de responsabilidades iniciado en 2009 y modificó el escenario judicial de uno de los casos más sensibles de la historia reciente del país.
Rivero consideró que esta determinación podría provocar molestia entre la población, al señalar que no se debe perder de vista el significado que tuvo la movilización social de 2003. “De pronto no reconoces que el 2003 existe ese quiebre donde la ciudadanía exige en las calles ser parte de las políticas públicas del Estado, que ahora es una democracia mucho más efectiva”, afirmó la legisladora, al cuestionar que el fallo pueda ser interpretado como un desconocimiento de aquella lucha.
La diputada recordó que los acontecimientos de octubre de 2003 dejaron más de 60 personas fallecidas y provocaron una profunda crisis política que terminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sánchez Berzaín, quien era ministro de Defensa durante esos hechos, salió posteriormente del país y desde entonces enfrenta un proceso judicial relacionado con las responsabilidades por la represión ocurrida durante la denominada “Guerra del Gas”.
“Desconocer esa lucha que en su momento se ha generado, que ha cobrado el costo de un gobierno, básicamente es decir: no vas a hacer lo que te da la gana sin mi consentimiento”, sostuvo Rivero. La parlamentaria afirmó que octubre de 2003 marcó un momento en el que la ciudadanía dejó claro que las decisiones del Estado debían considerar la voluntad de los bolivianos. Mientras tanto, el fallo constitucional que favoreció a Sánchez Berzaín aún puede ser revisado por las instancias correspondientes de la jurisdicción constitucional.
