Éxito Noticias, 11 de julio 2026.- La reunión entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia concluyó sin acuerdos concretos, por lo que el sector anunció que analizará la adopción de medidas de presión si las autoridades no formalizan por escrito los compromisos asumidos para garantizar el abastecimiento de combustibles. Los transportistas señalaron que las promesas verbales ya no son suficientes y que la documentación será presentada a las bases para su evaluación.
Durante el encuentro, en el que participaron el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y otras autoridades, los dirigentes del transporte reclamaron el incumplimiento de acuerdos anteriores relacionados con el suministro de diésel y gasolina. El ejecutivo de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez, sostuvo que estas observaciones impidieron alcanzar un consenso.
“Nosotros hemos cuestionado todas las cosas que han incumplido hasta la fecha y, por lo tanto, no se ha podido llegar a ninguna conclusión, sino más al contrario que ellos hagan conocer en forma escrita”, afirmó Gómez. Asimismo, cuestionó que continúan los problemas de desabastecimiento y las denuncias sobre la calidad de los combustibles, por lo que insistió en que el Gobierno debe especificar por escrito los volúmenes de distribución y las acciones que ejecutará para normalizar el suministro.
El dirigente indicó que esperan recibir ese documento entre este sábado y el lunes para remitirlo a los secretarios ejecutivos de las federaciones de todo el país. “No podemos nuevamente creer en la mentira, no podemos creer nuevamente en compromisos”, manifestó, al señalar que serán las bases las que definirán la respuesta del sector una vez analizada la propuesta gubernamental.
Gómez advirtió que, si el Gobierno no entrega el compromiso escrito o este no responde a las demandas del transporte, las federaciones afiliadas evaluarán la aplicación de medidas de presión a nivel nacional. Además, aseguró que el sector mantendrá su postura pese al Estado de Excepción vigente, argumentando que sus demandas responden a una problemática social vinculada al abastecimiento de combustible y a la necesidad de garantizar el trabajo de los transportistas en todo el país.
