Éxito Noticias, 18 de junio 2026.- A un día de la instalación del diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que se avanza en la revisión de la situación de las personas detenidas durante los conflictos sociales, uno de los principales puntos planteados por la organización sindical. Sin embargo, aclaró que cualquier análisis se realizará dentro del marco legal y respetando la independencia de los órganos del Estado.
En entrevista con Radio Éxito, la autoridad señaló que el Ejecutivo no puede intervenir en decisiones que corresponden al Órgano Judicial o al Ministerio Público. En ese sentido, remarcó que el respeto a la Constitución y a la separación de poderes constituye una base fundamental de la institucionalidad democrática, por lo que descartó cualquier acción que implique una injerencia directa en procesos judiciales en curso.
Como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo, Lupo explicó que se conformó una comisión integrada por juristas del Gobierno, representantes de la COB y miembros de la Fiscalía. Esta instancia tendrá la tarea de analizar la situación legal de cada una de las personas observadas por la organización sindical y evaluar las posibles alternativas dentro del marco normativo vigente.
El ministro también rechazó la posibilidad de otorgar una amnistía general para los detenidos. Según explicó, la legislación boliviana no contempla esa figura para casos de esta naturaleza y recordó que las amnistías presidenciales están destinadas a personas con sentencia ejecutoriada y requieren procedimientos específicos, además de la participación de la Asamblea Legislativa. Por ello, insistió en que cada situación deberá ser evaluada de manera individual.
Lupo indicó que existen casos diferentes entre sí, algunos relacionados con arrestos temporales o situaciones que podrían aclararse mediante una revisión jurídica, mientras que otros ya se encuentran en etapas más avanzadas del proceso penal, con personas aprehendidas, sometidas a medidas cautelares o bajo jurisdicción de jueces. Por esa razón, aseguró que la comisión trabajará caso por caso para determinar qué acciones son legalmente viables.
La autoridad afirmó que el Gobierno encara este proceso con voluntad de diálogo y transparencia, con el objetivo de generar condiciones para alcanzar acuerdos con los sectores movilizados. No obstante, subrayó que el país también necesita poner fin a los bloqueos y a las medidas de presión que afectan a la población desde hace cerca de 50 días. “Queremos una aproximación honesta y transparente para llegar a resultados, pero el primer resultado no puede ser el abuso hacia la sociedad a partir de un bloqueo prolongado”, sostuvo.
