Éxito Noticias, 16 de junio 2026.- La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” y la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, junto a organizaciones sociales remitieron una carta al presidente Rodrigo Paz Pereira en la que exigen la atención inmediata de cinco puntos considerados “irrenunciables” como condición para un eventual acercamiento y diálogo.
En el documento, las organizaciones plantean un plazo de 24 horas para que el Gobierno responda a sus demandas, advirtiendo que, en caso de no existir una respuesta, se procederá a la masificación de las medidas de presión a nivel nacional. El pronunciamiento fue enviado también al Órgano Ejecutivo y puesto en conocimiento de la población, en medio de un escenario de conflicto social que se mantiene en varias regiones del país.
El primer punto exige la intervención estatal sobre el denominado caso de “gasolina basura”, proponiendo la creación de una comisión de control en frontera para verificar la calidad del combustible antes de su ingreso al país, con participación de organizaciones sociales y universidades. Además, demandan la anulación de contratos con proveedores en caso de confirmarse irregularidades y el resarcimiento por daños a vehículos y maquinaria.
Como segundo eje, el sector plantea un alivio económico mediante la regulación temporal de obligaciones financieras por seis meses. La solicitud incluye el congelamiento de intereses, multas y cargos moratorios en créditos vigentes para trabajadores, transportistas, productores y otros sectores, argumentando que la crisis económica ha afectado directamente los ingresos de las familias bolivianas.
El tercer punto exige la abrogación de decretos considerados “inconstitucionales”, entre ellos disposiciones vinculadas a la gestión de recursos naturales, minería, hidrocarburos y control de información estatal. Las organizaciones sostienen que estas normas afectan a pueblos indígenas, favorecen la explotación sin control y concentran el poder en el Órgano Ejecutivo, por lo que demandan su inmediata derogación.
Finalmente, el documento solicita la emisión de un decreto de amnistía presidencial para dirigentes y manifestantes procesados durante las protestas, la restitución de garantías económicas como fianzas judiciales y la reparación integral a víctimas de los conflictos sociales. El quinto punto exige la abrogación de la ley de regulación de estados de excepción, al considerar que habilita el uso de la fuerza militar en tareas de control interno. Las organizaciones advierten que el incumplimiento de estos cinco puntos derivará en la intensificación de las movilizaciones en todo el país.
