Éxito Noticias, 10 de junio 2026.- El Gobierno respondió a las exigencias del expresidente Jorge Tuto Quiroga y su partido Libre, quienes piden la inmediata aplicación del estado de excepción aprobado en el Parlamento. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que esta administración no repetirá los errores del año 2000, cuando el gobierno de Hugo Banzer y Quiroga decretó un estado de sitio en Cochabamba durante la llamada “Guerra del Agua”, que terminó en muertes, cientos de heridos y el fracaso de la medida.
“Supongo que se refiere a la Guerra del Agua en la cual su gobierno dictó un estado de excepción que provocó muertes, cientos de heridos y se debe utilizar como un ejemplo del fracaso de cómo se maneja una crisis social, porque a los pocos días tuvieron que revertir la acción”, recordó Gálvez, en alusión al Decreto Supremo 25730 emitido el 7 de abril de 2000 y abrogado apenas dos semanas después por el DS 25744.
Desde la promulgación de la nueva ley de estados de excepción, el 8 de junio, Quiroga y sus legisladores han insistido públicamente en su aplicación inmediata, argumentando que es la única salida frente a los prolongados bloqueos y protestas que afectan al país. Sin embargo, el Gobierno asegura que actuará con prudencia y discreción.
Gálvez subrayó que cualquier decisión relacionada con la seguridad nacional será manejada con responsabilidad. “Vamos a actuar y luego a informar, pero tenga la certeza de que venimos trabajando denodadamente para poner en orden el país y así lo vamos a conseguir”, afirmó.
El vocero presidencial también descalificó las declaraciones del viceministro Hernán Paredes, quien en dos oportunidades adelantó que el decreto se aplicaría “en las siguientes horas”. Según Gálvez, esas afirmaciones no reflejan la posición oficial del Ejecutivo, que busca evitar medidas que puedan agravar la crisis social.
El Gobierno recordó que la experiencia del año 2000 demostró que la aplicación de un estado de excepción no detuvo las protestas, sino que las intensificó, generando mayor presión social y obligando a su rápida derogación. Incluso la Iglesia Católica pidió entonces la suspensión de la medida durante la Semana Santa.
En este contexto, el Ejecutivo ratificó que no pretende repetir esa historia y que la prioridad es encontrar soluciones pacíficas y sostenibles. Mientras tanto, los opositores continúan exigiendo la aplicación inmediata de la norma, lo que mantiene abierto el debate sobre el alcance y las consecuencias de un eventual estado de excepción en el país.
