Éxito Noticias, 8 de junio 2026.– El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción, una norma que establece el marco legal para la aplicación de esta figura constitucional y que fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa en un contexto marcado por la prolongada crisis social que atraviesa el país.
La promulgación se realizó en la Casa Grande del Pueblo, cuando Bolivia cumple 39 días de protestas, bloqueos de carreteras y conflictos que han afectado principalmente a los departamentos de La Paz y Cochabamba, generando problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos.
La nueva ley había sido aprobada por la Cámara de Senadores y posteriormente sancionada por la Cámara de Diputados durante una extensa sesión legislativa desarrollada la madrugada del domingo. Su entrada en vigencia regula los procedimientos, alcances y mecanismos para la implementación de estados de excepción contemplados en la Constitución Política del Estado.
La promulgación se produce en un escenario de creciente tensión social. Sectores campesinos, organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales mantienen puntos de bloqueo en distintas regiones del país, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de restablecer la transitabilidad y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
En las horas previas al acto, los principales jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana llegaron a instalaciones del Palacio de Gobierno y la Casa Grande del Pueblo, hecho que incrementó la expectativa sobre las decisiones que podría asumir el Ejecutivo frente a la crisis.
No obstante, la promulgación de la ley no implica automáticamente la declaración de un Estado de Excepción. Para ello, el Ejecutivo deberá evaluar la situación y, en caso de considerarlo necesario, emitir un decreto supremo respaldado por el gabinete ministerial, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución y la nueva normativa.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su discurso de priorizar el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto, aunque ahora cuenta con una ley que regula las acciones que podrían adoptarse en caso de que la crisis continúe escalando en los próximos días.
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