Éxito Noticias, 26 de mayo 2026.- El vocero del instrumento político Evo Pueblo, Christian Velasco, advirtió que la intención de abrogar la Ley 1341 de Estados de Excepción abre la posibilidad de justificar una eventual represión contra las organizaciones sociales que se encuentran movilizadas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según el dirigente, esta norma fue creada para evitar abusos y garantizar que la responsabilidad de un estado de sitio recaiga directamente en el mandatario y quienes ejecuten sus órdenes.
Velasco lamentó que la Asamblea Legislativa se preste a ser “cómplice del Gobierno” al permitir que los militares actúen con carta blanca contra la población. “La ley tiene como objeto reglamentar los estados de sitio para que no se cometan abusos, masacres, ni se suspendan los derechos”, señaló, subrayando que la eliminación de esta norma sería un retroceso en materia de garantías democráticas.
El vocero también cuestionó las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Paz sobre la reducción de salarios, calificándolas como “una mentira más” del Ejecutivo. Aseguró que las medidas anunciadas no representan una verdadera política de austeridad y que el Gobierno intenta mostrar una imagen de sacrificio mientras la población continúa enfrentando problemas económicos y sociales.
Velasco sostuvo que las propuestas del Ejecutivo no solucionan la crisis que atraviesa el país y que, por el contrario, buscan distraer a la ciudadanía. “El Gobierno intenta aparentar austeridad, pero la realidad es que el pueblo sigue sufriendo la falta de empleo, el encarecimiento de los productos y la incertidumbre generada por los bloqueos”, afirmó.
Asimismo, rechazó la intención de algunos legisladores de abrogar la Ley 1341, insistiendo en que esta acción sería utilizada como argumento para legitimar una represión contra los sectores movilizados. “Lamentamos que se busque amedrentar al pueblo movilizado en lugar de atender sus demandas”, expresó.
Finalmente, Velasco aseguró que las movilizaciones continuarán mientras no se den respuestas claras a las exigencias sociales. “El Gobierno debe escuchar al pueblo y resolver la crisis, no buscar excusas para reprimirlo”, concluyó, reiterando que la lucha de las organizaciones se mantendrá firme frente a cualquier intento de limitar sus derechos.
