Éxito Noticias, 15 de abril 2026.- En medio del conflicto por la Ley 157, el Gobierno reconoció que persisten demandas históricas no resueltas en torno a la titulación de tierras y el funcionamiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), situación que fue puesta en agenda durante el diálogo instalado con sectores campesinos e indígenas en Rurrenabaque.
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, admitió que durante las reuniones los dirigentes expresaron su preocupación por la falta de atención a sus procesos de saneamiento en años anteriores. “Muchos han manifestado que no han sido atendidos en sus trámites de titulación, por lo que estamos abordando estos temas técnicos junto a ellos”, señaló.
La autoridad explicó que, si bien el encuentro fue convocado inicialmente para socializar los alcances de la Ley 157, el diálogo derivó en una agenda más amplia que incluye problemas estructurales vinculados a la tenencia de la tierra, asentamientos y retrasos administrativos.
En ese marco, indicó que el Ejecutivo trabaja junto a equipos técnicos y autoridades del INRA para analizar caso por caso las demandas de las comunidades, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas. “Estamos escuchando a cada central y subcentral, revisando sus situaciones particulares y buscando respuestas que permitan destrabar estos procesos”, afirmó.
Vaca Díez también cuestionó la gestión previa del INRA, al considerar que la institución fue manejada con criterios políticos antes que técnicos, lo que habría generado demoras y conflictos en la regularización de tierras. Por ello, planteó la necesidad de reencauzar su labor hacia un enfoque más técnico que permita garantizar seguridad jurídica a los sectores rurales.
En paralelo, el viceministro reiteró que la Ley 157 no afecta a comunidades indígenas ni a tierras colectivas, insistiendo en que su alcance se limita a la conversión voluntaria de propiedades individuales pequeñas a medianas. Sin embargo, reconoció que la falta de socialización previa generó desconfianza en los sectores movilizados.
El diálogo continuará en la región con nuevas reuniones programadas, en las que el Gobierno buscará no solo aclarar dudas sobre la normativa, sino también atender las demandas históricas que, según admiten las propias autoridades, han sido postergadas durante años.
