Éxito Noticias, 31 de marzo 2026.- La investigación sobre el desvío y adulteración de combustibles derivó en un nuevo eje de acción del Gobierno como la coordinación internacional para enfrentar una red criminal que, según autoridades, opera en varios países de la región.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el caso no solo involucra a Bolivia, sino que presenta “dos puntas” claramente identificadas: una en territorio chileno, donde se manipulan las cisternas, y otra en el país, donde el combustible adulterado es distribuido. Esta dinámica, sostuvo, confirma la existencia de estructuras organizadas con alcance transnacional.
En ese contexto, el Ejecutivo activó mecanismos de cooperación con países vecinos. Oviedo informó que, por instrucción presidencial, se conformó un equipo interinstitucional que ya sostuvo reuniones con autoridades de Chile, incluyendo instancias de seguridad y fiscalía, para intercambiar información y coordinar acciones conjuntas.
El canciller Fernando Aramayo indicó que este modelo de trabajo será replicado con Paraguay y Argentina, países que también estarían vinculados a la ruta del combustible adulterado. Señaló que el objetivo es establecer una estrategia regional frente al crimen organizado, bajo el entendido de que este tipo de delitos “trascienden fronteras y requieren respuestas coordinadas”.
Las autoridades evitaron revelar nombres de implicados o empresas involucradas, aunque confirmaron que ya se cuenta con indicios como placas de vehículos y datos logísticos que forman parte de la investigación en curso. No obstante, remarcaron que la información se dará a conocer de manera progresiva conforme se consoliden pruebas.
En paralelo, el Gobierno aseguró que el abastecimiento de combustibles en el mercado interno está garantizado, pese al avance de las investigaciones y las posibles acciones que se asuman en el marco de los contratos y la cadena de suministro.
La nueva fase del caso, centrada en la articulación internacional, apunta a identificar responsabilidades en distintos niveles y establecer el impacto económico generado por estas operaciones, consideradas por las autoridades como parte de una red delictiva de gran escala.
