Éxito Noticias, 27 de marzo 2026.- El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, adelantó este viernes su rechazo a un eventual aumento en los precios del combustible. La medida podría evaluarse en junio, cuando concluya el periodo del Decreto Supremo 5516, pero el dirigente aseguró que no aceptará ninguna subida mientras no existan garantías de calidad y planificación en el sector hidrocarburos.
En contacto con radio Éxito, Zambrana cuestionó que el Gobierno pretenda trasladar el sacrificio a la población sin antes demostrar cambios estructurales. “Yo en lo personal no voy a aceptar una nueva subida de combustible hasta que me demuestren que van a mejorar todo estos principios. Nosotros como pueblo hacemos los sacrificios, mientras los burócratas disfrutan del poder”, expresó.
El dirigente señaló que para considerar cualquier ajuste en los precios, el Gobierno debería garantizar al menos seis meses de planificación seria, una nueva Ley de Hidrocarburos y la provisión de combustible de buena calidad. “No me influyan con su gana de querer subir el combustible y que yo les dé el ‘ok’. No lo voy a aceptar hasta que me demuestren que habrá un prospecto positivo para cambiar la industria”, afirmó.
Zambrana insistió en que su postura no responde a un capricho, sino a la necesidad de exigir transparencia y responsabilidad. “No es porque no quiero dialogar, pero tampoco quiero ser cómplice de lo que está mal. Los políticos nos acostumbran a que nosotros carguemos con los problemas mientras ellos siguen haciendo sus macanas”, agregó.
El Comité Cívico considera que antes de hablar de incrementos, el Gobierno debe priorizar la calidad del combustible y garantizar un marco legal que respalde la industria hidrocarburífera. Para Zambrana, cualquier decisión apresurada afectaría directamente a la economía de las familias y al sector productivo.
La advertencia de los cívicos se suma a las tensiones que íprevista para junio, la discusión sobre los precios de los carburantes promete convertirse en un nuevo punto de conflicto entre el Gobierno y sectores sociales que rechazan asumir más cargas sin soluciones de fondo.
