Éxito Noticias, 4 de marzo 2026.- El representante del sector de los jubilados, Rodolfo Ayala, afirmó que el incremento del 18,12% establecido en el Decreto Supremo 5561 responde únicamente a la variación inflacionaria registrada entre 2024 y 2025 y no a una mejora estructural en las pensiones.
En entrevista con radio Éxito, Ayala explicó que el porcentaje ya era conocido desde noviembre del año pasado, cuando el Banco Central de Bolivia informó sobre el índice inflacionario. Señaló que el decreto presidencial solo ratifica ese cálculo, el cual beneficia principalmente a los jubilados del sistema de reparto, que alcanzan alrededor de 68.000 personas a nivel nacional.
No obstante, marcó diferencias con el Sistema Integral de Pensiones. Indicó que, mientras un jubilado del sistema de reparto administrado por el Senasir percibe Bs 4.000, puede recibir entre Bs 600 y Bs 800 adicionales, en el sistema integral administrado por la Gestora, el incremento oscila apenas entre Bs 60 y Bs 120, lo que a su juicio, evidencia una “diferencia abismal”.
Ayala sostuvo que el sector presentó una propuesta para que el aumento alcance al 20% o 21%, además de un proyecto de modificación de la Ley 065 de Pensiones y otros 14 artículos que, según afirmó, afectan a los actuales jubilados. También cuestionó que el Estado no aporte recursos directos al sistema integral desde la vigencia de la anterior normativa.
El dirigente anunció que este viernes se presentará un pliego petitorio al Gobierno, junto a trabajadores activos y jubilados, en el que se incluirán demandas como la revisión de la Renta Dignidad, la administración de la Gestora Pública, la edad de cálculo de jubilación y la actualización de montos de pensión.
Asimismo, pidió transparencia en la gestión de la Gestora Pública y solicitó que se hagan públicas las auditorías realizadas a sus anteriores administradores, considerando que actualmente existen cerca de 2,5 millones de aportantes y más de 280.000 jubilados en el país.
El Senasir agrupa a trabajadores que aportaron al sistema hasta abril de 1997, antes de la implementación del régimen de AFP y la posterior entrada en funciones de la Gestora Pública.
