Éxito Noticias, 25 de febrero 2026.- El análisis sobre la seguridad aeroportuaria y el narcotráfico volvió al centro del debate tras el anuncio de la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, que anticipó una investigación sobre el presunto ingreso de cargas con sustancias controladas en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. En entrevista con radio Éxito, el experto en seguridad Omar Durán sostuvo que, si bien la iniciativa legislativa puede interpretarse como positiva, no constituye una solución de fondo.
Durán afirmó que Bolivia atraviesa una situación de “debilidad estructural” en materia de control y lucha contra el narcotráfico. Según indicó, los grupos criminales tienden a operar en países donde perciben menor capacidad de fiscalización estatal. “Los cárteles buscan territorios con menos control. Bolivia se ha convertido en uno de los países más frágiles en este ámbito”, señaló.
El especialista remarcó que el país no solo enfrenta desafíos vinculados a la producción de droga, sino también a su tránsito internacional. En ese contexto, sostuvo que el transporte aéreo se ha consolidado como una de las vías más eficientes utilizadas por organizaciones delictivas.
Durán explicó que la administración aeroportuaria depende del Ministerio de Obras Públicas, a través de entidades técnicas como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL); y en el pasado, Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), mientras que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), dependiente del Ministerio de Gobierno, cumple funciones de apoyo operativo. Sin embargo, advirtió que la coordinación institucional no ha sido suficiente para frenar el problema.
El experto también expresó preocupación por la capacidad tecnológica y operativa del país. Indicó que Bolivia carece de un sistema de radares plenamente funcional y mencionó limitaciones en equipamiento militar aéreo. En su criterio, la ausencia de una normativa actualizada en seguridad y defensa agrava el panorama. “La última ley de seguridad y defensa data de 2004. Han pasado más de dos décadas sin una actualización integral”, afirmó.
Durán sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere no solo investigaciones administrativas o legislativas, sino recursos técnicos, tecnológicos y legales. “No basta con peticiones de informe. Se necesitan medios reales para detectar, interceptar y actuar dentro de un marco jurídico sólido”, manifestó.
Asimismo, Durán alertó sobre los efectos colaterales del narcotráfico en la seguridad ciudadana. Señaló que este fenómeno suele estar acompañado por delitos como el sicariato y la violencia organizada, citando como referencia escenarios regionales donde la actividad criminal ha derivado en escaladas de violencia.
