Éxito Noticias, 19 de febrero 2026.- La Fiscalía de La Paz emitió este jueves una alerta migratoria contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, con el objetivo de evitar que abandone el país mientras se desarrolla la investigación por el millonario desfalco al Fondo Indígena (FONDIOC). La medida fue anunciada por el fiscal Miguel Cardozo, quien explicó que se busca garantizar la presencia de la exautoridad en los actos procesales.
Cardozo informó que, tras ejecutarse el mandamiento de aprehensión, se dispuso la restricción migratoria para impedir una eventual fuga. Asimismo, señaló que la comisión de fiscales ordenó una valoración médica a Achacollo, cuyos resultados confirmaron que se encuentra en condiciones óptimas de salud para prestar su declaración en la sede del Ministerio Público.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que la exministra presentó un certificado médico que no reflejaba su verdadero estado de salud, lo que habría sido utilizado como argumento para evitar su comparecencia ante la justicia. Esta situación generó sospechas sobre un posible intento de dilatar el proceso.
Achacollo es investigada como imputada por presuntos hechos de corrupción vinculados al Fondo Indígena, un caso que ocasionó un grave daño económico al Estado boliviano. La Fiscalía sostiene que la exautoridad debe responder por las irregularidades detectadas en la administración de recursos destinados a proyectos productivos para comunidades indígenas.
El Ministerio Público considera que las acciones de la exministra reflejan una falta de voluntad para someterse a la justicia y reparar los daños ocasionados. Por ello, además de la alerta migratoria, se evalúa la posibilidad de solicitar medidas cautelares más severas, como la detención preventiva por 180 días, mientras avanza la investigación.
La resolución judicial será clave para definir si Achacollo enfrentará el proceso en libertad o desde un centro penitenciario. En medio de las críticas sociales y políticas, la Fiscalía busca demostrar que el caso no quedará impune y que las autoridades judiciales actuarán con firmeza frente a los presuntos delitos que comprometen recursos públicos.
