Éxito Noticias, 14 de enero 2026.- El dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, expresó su preocupación por las implicaciones del Decreto Supremo 5517, que autoriza a empresas privadas a importar diésel de manera directa. Según Tancara, esta medida evidencia que el Gobierno no logra garantizar una distribución regular del combustible para todos los operadores y consumidores.
“Lo que nos preocupa es que se está autorizando nuevamente a empresas privadas a importar diésel directamente, lo que demuestra que el Estado no está pudiendo completar la distribución a todos los operadores ni a todos los consumidores”, señaló.
El dirigente alertó sobre el riesgo de que los transportistas deban adquirir diésel a precios más altos si no se asegura un abastecimiento general. Indicó que actualmente, los transportistas pagan casi 10 bolivianos por litro, mientras que grandes empresas en Santa Cruz importan gasolina a 14 bolivianos por litro. “Si no hay suministro regular, el transportista o la empresa tendrá que comprar diésel a un costo más elevado, y lamentablemente se verá obligado a nivelar la tarifa en función del precio real del combustible”, advirtió.
Tancara aseguró que su sector ya se comunicó con el Ministerio de Hidrocarburos para retomar las mesas técnicas con el objetivo de evitar conflictos y garantizar certidumbre a los transportistas. También mencionó que, tras un aumento del 40% en los pasajes interdepartamentales autorizado por la ATT, se ha registrado una baja en la cantidad de usuarios. “A comparación del año pasado, en esta época de vacaciones ha disminuido totalmente la afluencia de usuarios en las terminales y la operatividad del transporte interdepartamental se ha reducido”, explicó.
El dirigente confió en que la situación sea temporal y que con el inicio de actividades económicas, clases y universidades, vuelva la demanda habitual de transporte. “Es muy delicada esta situación; esperamos que las autoridades den una respuesta que brinde tranquilidad al sector del autotransporte”, subrayó, señalando además los desafíos que enfrentan con regulaciones locales, juntas vecinales y controles sociales en diferentes provincias.
