Éxito Noticias, 8 de enero 2026.- El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, afirmó este jueves que una ley no puede anular un Decreto Supremo cuando este define la política económica del Estado, ya que esa es una competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo. La declaración surge en medio de la controversia por el Decreto Supremo 5503, que ha generado protestas sociales y debates políticos.
Ávila respondió así a la iniciativa del vicepresidente Edmand Lara, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para frenar la aplicación del decreto. Según el titular del Senado, los decretos que regulan la política económica no pueden ser derogados directamente por una norma aprobada en la Asamblea Legislativa, aunque sí podrían ser modificados si entran en contradicción con otra ley vigente.
El legislador subrayó que cualquier cuestionamiento sobre la constitucionalidad del decreto deberá ser evaluado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia encargada de dirimir conflictos de competencias y jerarquía normativa. “La Constitución establece claramente las atribuciones de cada órgano del Estado, y en este caso corresponde al Ejecutivo definir la política económica”, sostuvo.
La postura de Ávila se da en un contexto de tensiones entre poderes del Estado, con el vicepresidente impulsando una acción legislativa contra el decreto y el Senado defendiendo las competencias diferenciadas entre Ejecutivo y Legislativo. El debate refleja la pugna institucional sobre los límites de actuación de cada órgano en la definición de políticas públicas.
El Decreto Supremo 5503, cuestionado por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sociales, eliminó la subvención a los hidrocarburos y estableció medidas de apoyo a familias vulnerables. Mientras el Gobierno defiende la norma como necesaria para la sostenibilidad fiscal, los trabajadores exigen su abrogación inmediata, manteniendo movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país.
