Éxito Noticias, 18 de diciembre 2025.- El expresidente Luis Alberto Arce Catacora, recluido en la cárcel de San Pedro, difundió este jueves una carta dirigida al pueblo boliviano en la que rechaza de manera categórica la eliminación de la subvención a los hidrocarburos dispuesta por el gobierno de Rodrigo Paz. En el documento, Arce advierte que la medida ha provocado una “brutal subida de precios” y denuncia que su detención preventiva responde a una decisión política destinada a desviar la atención de los efectos del Decreto Supremo 5503.
Arce calificó la decisión como un “crimen contra el pueblo trabajador, asalariado y especialmente no asalariado, del campo y la ciudad”, señalando que la medida golpea directamente la economía de las familias más humildes. “La cárcel no nos callará”, escribió, acusando al Gobierno de improvisación e insensibilidad al aplicar el ajuste económico en vísperas de las fiestas de fin de año.
En su carta, el exmandatario comparó el decreto con el histórico 21060, al que denominó “una versión 2.0”, y sostuvo que el incremento del precio de la gasolina (86%) y del diésel (163%) tendrá efectos devastadores en la cadena productiva, elevando los costos de los alimentos y generando una inflación drástica. También cuestionó las compensaciones anunciadas por el Ejecutivo, como el aumento de la Renta Dignidad y del Bono Juancito Pinto, al considerarlas insuficientes frente al impacto real de los combustibles.
Arce insistió en que la eliminación de la subvención no resolverá los problemas de abastecimiento de carburantes ni la escasez de dólares, y recordó que durante su gestión se buscó generar consensos con los sectores sociales antes de aplicar medidas de ajuste. “Nuestro lugar está al lado del pueblo, ayer, hoy y siempre”, afirmó, asegurando que su detención preventiva es una “cortina de humo” para ocultar las consecuencias del decreto.
Finalmente, el exmandatario denunció que la justicia vulneró su derecho al debido proceso al confirmar su detención preventiva sin valorar los descargos presentados por su defensa. “Quieren callarnos, la cárcel no nos callará ni las amenazas”, expresó, reiterando que se considera un preso político del gobierno de Rodrigo Paz y que seguirá defendiendo lo que denomina los intereses del pueblo boliviano frente a medidas “antipopulares y antinacionales”.
