Éxito Noticias, 15 de diciembre 2025.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción de La Paz recibió una solicitud formal para ampliar las investigaciones contra seis ex autoridades y dirigentes sociales vinculados al Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc). El requerimiento, presentado por el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, apunta a Nemesia Achacollo, Melva Hurtado, Juanita Ancieta, Hilarión Mamani, Julia Ramos y Damián Condori, quienes habrían incurrido en delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros.
El caso se origina en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Fondo de Desarrollo Indígena, representado por Delicia Rossio López Tolaba, contra varios ex funcionarios y dirigentes por presuntas irregularidades en la administración de proyectos financiados con recursos públicos. Entre los antecedentes figura un proyecto presentado en 2009 por la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”, que pese a presentar documentación incompleta fue aprobado y recibió financiamiento por más de 950 mil bolivianos.
La investigación señala que la aprobación del proyecto se realizó con deficiencias en los listados de beneficiarios y actas de respaldo, lo que vulneró normas imperativas de control y fiscalización. Aun así, el Directorio del Fondioc ratificó la decisión en marzo de 2010 y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autorizó la transferencia de recursos en julio del mismo año. Estos hechos, según el requerimiento fiscal, constituyen la base de los delitos de omisión y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
El documento presentado por los abogados Aldo Ortiz Troche y Jeshua Enríquez Mejía, en representación del Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, solicita al fiscal Miguel Ángel Cardozo Ramírez que disponga la ampliación de las investigaciones contra los seis señalados. La petición se ampara en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, adjuntando además elementos de convicción que respaldan la solicitud.
Con esta ampliación, el caso Fondioc, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración de recursos destinados a pueblos indígenas y comunidades campesinas, podría involucrar a nuevas figuras de relevancia política y social. La Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades penales en la gestión de los proyectos y en el manejo de fondos públicos, en un proceso que ha marcado la agenda judicial y política del país durante más de una década.
